Fiscal venezolana pide a CIDH medidas cautelares para proteger a sus trabajadores

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, informó que ha solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a todos los trabajadores de su despacho.

Ortega Diaz hizo esta solicitud días después de que la directora de delitos comunes del Ministerio Público (MP, Fiscalía), Marisela Lucena, informara de que la sede principal de esa institución, ubicada en Caracas, y sus funcionaros han sido "objeto de asedio" y recibido "amenazas" por parte de simpatizantes del oficialismo.

En esa oportunidad, la directora señaló que también hubo "robos y ataques contra dos funcionarios" tanto en Caracas como en el estado Aragua (norte).

El pasado 12 de junio Ortega Díaz responsabilizó al Gobierno del presidente Nicolás Maduro de "cualquier daño" del que pueda ser objeto su familia que, afirmó, ha recibido amenazas tras el distanciamiento de la funcionaria con el Ejecutivo.

"Yo quiero hacer responsable a las autoridades del Estado venezolano, especialmente al Ejecutivo, de lo que le pueda pasar a mi familia. No es posible que mi familia sea objeto de amenazas", dijo la titular del MP, sin ofrecer mayores detalles al respecto.

Ortega, identificada hasta ahora con el chavismo, se ha opuesto al proceso Constituyente impulsado por Maduro y también advirtió de la ruptura del orden constitucional luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumiera el pasado marzo las facultades del Parlamento, una posición que dio pie a que se anulara parcialmente esa medida.

El pasado miércoles la funcionaria afirmó que en su país hay un "terrorismo de Estado", denunció un "progresivo desmontaje" de su despacho por parte del Gobierno venezolano y aseguró que desconocería dos sentencias del Supremo, entre ellas una que concedió facultades del MP a la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, el Supremo aprobó este miércoles las medidas cautelares solicitadas por el chavismo contra la fiscal, que incluyen la prohibición de salida del país y la congelación de sus cuentas bancarias.

Anteriormente, el alto tribunal había admitido la solicitud del diputado chavista Pedro Carreño para iniciar un antejuicio de mérito contra la fiscal, cuya vista pública ha sido fijada para el próximo martes.