Fiscales peruanos piden renuncia al fiscal general por caso Lava Jato

Los fiscales supremos Pablo Sánchez y Zoraida Avalos pidieron al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, que renuncie al cargo por generar "caos y desconcierto" al interior del Ministerio Público de Perú, tras rectificar y reponer en el cargo a los magistrados que investigan el caso Lava Jato en el país.

En un comunicado, los fiscales supremos afirmaron que la decisión de Chávarry de remover de sus puestos a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez fue una "grave intromisión" en las investigaciones que llevan adelante sobre los millonarios sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en Perú.

"Pese a la rectificación de dicha decisión, el proceder del fiscal de la Nación ha afectado el desarrollo regular de dicha investigación, generando una situación de caos y desconcierto al interior de nuestra institución", indicaron Sánchez y Avalos.

Los fiscales supremos remarcaron que la actuación de Chávarry afectó la credibilidad del Ministerio Público, generó desconfianza y la deslegitimó frente a la opinión pública.

En tal sentido, le exigieron "su irrevocable renuncia al cargo por el bien de la institución".

De la misma forma, la fiscal adjunta suprema, Liz Benavides, pidió a Chávarry dar "un paso al costado y de esta manera permita una salida democrática, siempre dentro de los cánones de la constitucionalidad y legalidad".

Benavides señaló que "las marchas y contramarchas" respecto a los fiscales Vela y Pérez han generado una grave crisis de legitimidad institucional, al punto que el mandatario peruano, Martín Vizcarra, ha presentado un proyecto al Congreso para declarar la Fiscalía en emergencia.

Chávarry emitió hoy una resolución que "resuelve dejar sin efecto" la decisión que destituyó a Vela como coordinador del equipo especial de la Fiscalía, y a Pérez, quien lleva adelante investigaciones emblemáticas contra la líder opositora Keiko Fujimori y el expresidente Alan García.

El fiscal general había destituido a los fiscales cuando se preparaban para firmar un acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) con Odebrecht, que plantea agilizar las investigaciones, con interrogatorios ya programados sobre los grandes casos de corrupción en el país.

Precisamente, Vela y Pérez denunciaron ayer martes que el principal motivo de su destitución era frustrar ese acuerdo y hoy presentaron una impugnación a la resolución de Chávarry ante la junta de fiscales supremos.

Ver también: Destituyen a fiscales que investigan el caso Odebrecht en Perú

El anuncio de la restitución se hizo justo en el instante en el que el presidente Vizcarra llegaba al Congreso para presentar un proyecto de ley para declarar en emergencia al Ministerio Público para poder bloquear la decisión original de Chávarry.

Tras entregar el proyecto a la vicepresidente del Congreso, la fujimorista Leyla Chihuán, Vizcarra declaró que su propuesta modifica la Ley orgánica del Ministerio Público y lo declara en emergencia.

"La vicepresidenta del Congreso ha manifestado todo el interés que tiene este poder del Estado para atenderlo con la prioridad del caso porque lo hemos presentado con carácter de urgente", remarcó.

En ese sentido, la líder opositora Keiko Fujimori, quien cumple 36 meses de prisión preventiva, pidió hoy a su bancada en el Congreso que apoye el pedido del presidente de declarar en emergencia al Ministerio Público.

Keiko se apartó, de esa manera, del apoyo habitual del fujimorismo a Chávarry, ya que su bancada ha impedido hasta ahora que se discutan los pedidos para que sea destituido por sus presuntos vínculos con una red de corrupción en la Judicatura conocida como "Los cuellos blancos del puerto".

Además de a Fujimori y García, las investigaciones del caso Odebrecht en Perú comprenden a los también expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, así como a la exalcaldesa izquierdista de Lima, Susana Villarán.

Hasta ahora, Odebrecht ha reconocido haber pagado millonarios sobornos en Perú entre 2005 y 2014, acompañados de donaciones de dinero a los principales líderes políticos para financiar sus campañas electorales a la Presidencia del país.