Temer se reúne con Corte Suprema de Brasil para tratar violencia en prisiones

El mandatario de Brasil, Michel Temer, se reunió con la presidenta de la Corte Suprema, Cármen Lúcia Antunes, para tratar la crisis carcelaria que ha dejado en menos de una semana cerca de cien reos muertos en violentas reyertas en varios presidios del país.
 
El encuentro, que duró unas tres horas, fue de carácter privado y se produjo en la residencia de la presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), en Brasilia, según confirmaron a Efe fuentes de la Presidencia de la República.
 
Sin que hayan trascendido mayores detalles, medios locales indicaron que Temer y Antunes buscaron acciones conjuntas entre el Poder Ejecutivo y el Judicial para evitar que las masacres que han tenido lugar en cárceles de los estados de Amazonas y Roraima se repitan en otras entidades federativas del gigante suramericano.
 
Brasil atraviesa una enésima crisis carcelaria que se agravó con la muerte de más de 90 presos en varias prisiones del país desde que comenzó el año, sucesos que han puesto en evidencia las malas condiciones y las fallas de seguridad del sistema penitenciario.
 
El complejo Penitenciario Anisio Jobim (Compaj) de Manaos, capital del estado de Amazonas, fue el escenario del episodio más sanguinario, pues una reyerta entre dos facciones rivales dejó 56 fallecidos entre el 1 y el 2 de enero.
 
Otras 31 personas fueron asesinadas este viernes en una cárcel de Boa Vista, capital del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela y Guyana.
 
Además, en otro centro penitenciario de Manaos se notificaron a comienzos de este año otras cuatro víctimas, mientras que en una cárcel del estado de Paraíba hubo otros dos asesinados esta semana.
 
Temer fue duramente criticado tras el episodio ocurrido en Manaos, ya que se pronunció sobre el suceso tres días después de que se perpetrara la matanza, mientras que para la de Boa Vista, el jefe de Estado reaccionó ese mismo día.
 
Para contener colapso carcelario, el Gobierno presentó el jueves un Plan Nacional de Seguridad Pública, el cual comenzará a ser aplicado a partir de febrero.
 
El plan se fundamenta en tres pilares: reducir la alta tasa de homicidios; combatir el crimen organizado, con especial énfasis en la vigilancia en la región fronteriza, y modernizar el sistema penitenciario, el cual sufre graves problemas de hacinamiento.