Los enardecidos habitantes de Las Margaritas, un municipio del estado de Chiapas, en México, entraron a la fuerza al palacio municipal, amarraron al alcalde y lo arrastraron por las calles.
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La razón: Jorge Luis Escandón Hernández, el funcionario, incumplió la promesa de campaña de construir una carretera en su zona.
El hombre, según reportan medios mexicanos, fue amarrado con lazos de las manos y posteriormente sujetado a una camioneta, que lo arrastró por varias cuadras.
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#ÚLTIMAHORA
— PortavozChiapas (@PortavozChiapas) October 8, 2019
Habitantes de la comunidad Santa Rita Invernadero amarran y arrastran con una camioneta al alcalde de Las Margaritas, Chiapas, Jorge Luis Escandón, a quien exigen proyectos productivos y rehabilitación de un camino. pic.twitter.com/Kzw9ZmfwFU
Por estos hechos, al menos 8 personas fueron detenidas luego de que los otros funcionarios de la alcaldía y la policía acudieran a la escena de los hechos para auxiliar al alcalde y controlar la situación.
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El fiscal del estado, Jorge Luis Llaven, confirmó que Escandón fue rescatado por los policías y que se encuentra sano y salvo.
Llaven informó que la violenta protesta se dio "para exigir recursos públicos, sobre todo dinero en efectivo", según la nueva política de ayuda social, que contempla entregar directamente los recursos a los beneficiarios, instaurada por el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, como una manera de evitar actos de corrupción.
No es la primera vez que habitantes de Santa Rita El Invernadero realizan una protesta violenta. Hace cuatro meses también vandalizaron la sede del municipio, exigiendo al alcalde que cumpliera los compromisos que hizo en la campaña electoral de 2018.
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Las Margaritas, un pueblo de 20.000 habitantes, se ubica a unos 50 km de la frontera con Guatemala.
Los alcaldes mexicanos, particularmente en zonas alejadas de los grandes centros urbanos, son víctimas recurrentes de agresiones tanto por conflictos con vecinos como por la acción de grupos del crimen organizado, que los fuerzan a servir sus intereses.
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Según datos de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), desde 2006 han sido ejecutados más de un centenar.