La demanda del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga en contra del sindicato de trabajadores de la empresa, Sintraemsdes, buscaba demostrar que la protesta que integrantes del sindicato realizaron el 13 de noviembre de 2018 en el salón de pagos del parque del agua, fue ilegal.
De acuerdo con el apoderado del AMB, la suspensión y paro colectivo, afectó el servicio público, además de haber cesado en el empleo.
Sin embargo, en un fallo que resolvió un recurso de apelación, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, confirmó la sentencia del Tribunal Superior del Distrito que negó las pretensiones de la empresa de acueducto, considerando que la protesta no fue ilegal y que estaba ajustada a los derechos constitucionales.
Dice un aparte de las consideraciones de la corte que, “(…) el actuar no es censurable, por el contrario, se originó del desarrollo de las libertades sindicales y de reunión que les confiere la constitución y la Ley”.
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Oscar Estupiñan, directivo del sindicato de trabajadores, aseguró que tras la protesta, que tenía como propósito socializar con sus compañeros de caja y recaudo que iban a ser reemplazados por empleados de otra entidad contratada para tal fin, 21 de los integrantes del sindicato fueron suspendidos y a cuatro de los directivos les pasaron carta de renuncia, documento que se haría efectivo dependiente del fallo de la Corte Suprema de Justicia.
“A los compañeros que suspendieron fue, algunos, por 8, 15 y hasta 2 meses. Ahora con este fallo lo que vamos a hacer es a solicitar que a esas personas les reintegren los dineros que dejaron de percibir por el tiempo que estuvieron suspendidos”.
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Rafael Ovalle, presidente del sindicato de trabajadores del AMB, reiteró que en ningún momento violaron las normas y que su protesta fue legítima.
“Lo que han querido las directivas de la empresa es acabar con el sindicato, de verdad que esto es un descanso porque todos estaban preocupados, lo que molestó al alcalde es que nosotros hiciéramos una asamblea informativa. Tiene que regresarle la plata a los trabajadores que son alrededor de $50 millones”, manifestó Ovalle.
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