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Advierten falta de dinero para lograr metas trazadas en reparación de víctimas

La Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas denunció graves deficiencias en su implementación por falta de presupuesto.

21155_Foto: Blu Radio
Foto: Blu Radio

La Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas aseguró que existen graves deficiencias en su implementación y que se quedó corta en las metas trazadoras para la reparación de las víctimas por falta de presupuesto.

 

Ante las fallas estructurales y la falta de resultados contundentes en la materialización de las medidas que beneficien a la población víctima, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley 1448 de 2011, en su tercer informe 2015–2016 advirtió graves fallas en su implementación que tienen que ver con desfinanciación de la Ley, escaso avance en la política de atención y reparación, caracterización incompleta y falta de participación efectiva para las víctimas.

 

Al realizar el balance, la Comisión señaló que, pese a los esfuerzos del Gobierno Nacional, la falta de recursos aún persiste y “la Ley se quedó corta en cuanto a las metas trazadoras para la atención, asistencia y reparación de las víctimas”. No obstante, indicó que hay espacio para que este año se presente una reforma fiscal que permita atender las obligaciones de la Ley 1448 y el posconflicto.

 

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Así mismo, reconoció el escaso avance de esta política de cara a la estabilización socioeconómica de la población víctima y la falta de conexión entre las necesidades de las víctimas y la oferta institucional.

 

También recordó que el Estado debe centrar sus esfuerzos en garantizar medidas que integren a las víctimas con sus capacidades productivas y de empleo, más si se trata de entregar herramientas que puedan transformar verdaderamente sus vidas.

 

De acuerdo con el informe, en el ámbito urbano, por ejemplo, se tiene que con la focalización y regionalización de los recursos efectuada por el Ministerio del Trabajo en los programas de emprendimiento y formación para el trabajo, la cobertura para la vigencia 2016 de las necesidades identificadas en esta materia es tan solo del 0,91% y 2,46% respectivamente.

 

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En cuanto a la generación de ingresos en el ámbito rural, el Ministerio de Agricultura como responsable cuenta con tres estrategias de intervención que no corresponden a programas específicos para las víctimas, por lo tanto sus requisitos de acceso no permiten su vinculación.

 

La Comisión identificó dificultades para lograr la articulación y coordinación entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Agricultura que lideran la política de generación de ingresos y empleo. Aseguró que el objetivo de esta Ley no es solo garantizar los derechos de las víctimas sino evitar nuevos desplazamientos masivos a las ciudades.

 

Respecto al avance en la restitución de tierras, el informe señaló que no se considera claramente la seguridad de los territorios como una variable en la etapa judicial o de post fallo, a pesar de ser un factor que afecta directamente el cumplimiento de las decisiones judiciales. En el mismo sentido, precisó que no hay una adecuación de política pública que prevea la atención de los ciudadanos catalogados como segundos ocupantes en los procesos de restitución.

 

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En materia de protección a las víctimas, sus líderes y a las garantías de no repetición, la Comisión indicó que las medidas no han tenido el impacto esperado, de tal forma que se siguen presentando vulneraciones a los derechos a la vida, integridad y seguridad personal de quienes participan de los procesos de reparación y restitución de tierras.

 

De igual forma, a las falencias ya identificadas se suma la falta de garantías para la participación efectiva de las víctimas en los procesos de formulación, diseño e implementación de la política pública tendiente a su atención y reparación integral, y más específicamente, en lo relacionado con la discusión de sus propuestas en los planes de desarrollo y planes de acción territorial.

 

Por último, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría, como organismos de control sostuvieron, durante la reunión de seguimiento llevada a cabo en la Procuraduría General de la Nación, que las entidades territoriales todavía no muestran un compromiso serio con las víctimas por lo que hicieron un llamado al cumplimiento de sus obligaciones legales y así impulsar los cambios sociales que en materia de víctimas requiere el país.

 

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Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

 

-El procurador Alejandro Ordóñez dice que se le cree más a los anuncios de las Farc que a los del Gobierno.

 

-El presidente de Fedearroz pidió al ELN liberar de inmediato a los 11 arroceros presuntamente secuestrados por esa guerrilla en Venezuela. Pidió que cesen las extorsiones al gremio, especialmente en Arauca.

 

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-La Cámara de Representantes escucha los argumentos de Carlos Negret, Caterina Heyck y Andrés Santamaría, para ocupar el cargo de defensor del pueblo.

 

-Familias Indígenas protestaron en Caquetá para denunciar la muerte de más de 60 de sus líderes que intentaron defender sus territorios de las Farc y esperan sean reconocidos en la mesa de diálogos para su respectiva reparación.

 

-El cuestionado expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo que los Juegos Olímpicos de Río no habrían sido posibles si no hubiera sido por él.

 

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-El paso de Ingrit Valencia a la semifinal de boxeo en los Juegos Olímpicos de Río se ha mantenido como la principal tendencia en redes sociales.

 

-El Gobierno y el Distrito se reunirán para definir el futuro del Metro de Bogotá.

 

-El próximo año se abrirán las licitaciones para la troncal de Transmilenio por la Carrera 7ma; para la administración distrital esto complementará el servicio público que ofrecerá el metro por la Avenida Caracas.

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