Análisis de los tres años del acuerdo de paz dice que aún falta en implementación

El Instituto Kroc, de estudios internacionales de Paz, entregó a la JEP un informe a tres años de la firma del acuerdo de paz con las Farc, en el que hace un análisis de la implementación de lo pactado y resume los hallazgos de avances y falencias durante 2019.

En este, menciona que como prioridades a futuro deben estar el reducir brechas socioeconómicas entre el campo y la ciudad, asegurar la reincorporación de excombatientes, garantizar los derechos de las víctimas y avanzar en las medidas transversales de los enfoques étnico y de género.

En el análisis que hace del punto uno del acuerdo, referente a la reforma rural integral, el Kroc manifiesta que durante el último año, los avances han sido pocos, principalmente en las disposiciones relacionadas con los planes nacionales para mejorar la provisión de servicios en el campo, pese a que destaca avances iniciales en los programas de enfoque territorial (PDET) y catastro, incluidos en el plan de desarrollo y destaca la finalización de 16 planes de acción para la transformación regional.

De otro lado, muestra que en materia de implementación del punto 2, que se basa en participación política, poco avanzaron los compromisos para promover la apertura democrática.

“Entre ellos se destacan las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, la reforma política y ajustes normativos para garantizar la movilización y la protesta pacífica”, de igual manera, indicó que los consejos territoriales de paz pueden mejorar la implementación al promover la inclusión a nivel local.

Ahora bien, sobre el punto 3 del acuerdo, que consiste en el fin del conflicto, destaca los avances en materia de reincorporación socioeconómica y menciona, por ejemplo, las rentas básicas que recibieron los excombatientes hasta finales de 2019 y la aprobación de proyectos productivos, pero sobre este último, resalta que hizo falta más inclusión, pues solo se tuvieron en cuenta a 3.169 exintegrantes de Farc, que corresponden al 24 % de la población.

Como otra de las preocupaciones, deja en la mesa el “vaivén” en que quedaron los firmantes del acuerdo, pues poco se avanzó para solucionar la situación de los espacios de reincorporación, donde los contratos de arrendamiento finalizaron, a lo que se mostró la importancia de acceder a tierras y sostener las iniciativas o proyectos.

Sobre el mismo punto 3, el informe presentó una preocupación sobre el asesinato a excombatientes e intimidaciones a líderes sociales y defensores de derechos humanos, pues dice que desde que se firmó el acuerdo, el 2019 fue el año cuando más firmantes perdieron la vida en hechos violentos.

“Lamentablemente, el año 2019 fue el más mortal para los y las excombatientes de la extinta guerrilla, con 77 asesinatos, lo que en términos de tasa de homicidios es casi 23 veces más alta que la nacional. Los asesinatos de líderes, lideresas y excombatientes generaron efectos devastadores en la implementación del acuerdo final y la percepción de la misma”, dice. El partido Farc, por su parte, ha denunciado que ya son 201 los asesinatos.

Mientras tanto, el informe muestra una desaceleración en el ritmo de implementación, pues identifica que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) estuvo pausado seis meses al final de 2018 y comienzo de 2019 y aunque se registraron avances frente a la asistencia técnica y proyectos de seguridad alimentaria, dada la magnitud del programa, el adelanto en las acciones fue limitado, mientras fueron pocos los desarrollos principalmente en relación con temas de lavado de activos, corrupción y consumo de drogas.

Deja también sentado que frente al tema, diez de los municipios PDET, aunque no todos hacen parte del PNIS, se encuentran entre los que mayor cantidad de coca tienen en el país y dice que la implementación es una gran oportunidad para reforzar lazos de confianza entre el Estado y las comunidades cocaleras. Advierte, además, de una “crisis de credibilidad” hacia este tipo de programas de sustitución.

El análisis resalta también que el acuerdo sobre las víctimas del conflicto presentó avances importantes, principalmente por la ejecución de acciones por parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, el apoyo de la comunidad internacional como base esencial y el liderazgo en la participación de víctimas, especialmente de mujeres y comunidades LGBTI, y comunidades étnicas.

Sin embargo, muestra que uno de los obstáculos ha sido la coordinación con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV). Asimismo, señala que los procesos de reparación colectiva tuvieron poco avance, por lo que se manifestó sean priorizados.

“El acuerdo final colombiano es, tal vez, el más comprensivo del mundo y requerirá de más de una década para completar su implementación. Durante su tercer año, la priorización realizada por el Gobierno permitió avances importantes en algunos temas. No obstante, ese progreso no siempre ha ido en línea con la integralidad del acuerdo. Así, se corre el riesgo de comprometer los logros alcanzados y perder la confianza ya construida, al no aprovechar todo su potencial de transformación”, destacó Kroc.

La meta para este y los próximos gobiernos debería ser ahondar en las disposiciones ya empezadas y comenzar a implementar aquellas no iniciadas, especialmente a nivel territorial. Al alcanzar una implementación integral, Colombia podrá demostrar que no solamente es un ejemplo de negociación, sino también uno de construcción de paz”, destacó Kroc.