Los magistrados estaban citados para estudiar la ponencia presentada por el magistrado William Hernández en la que va anulando la destitución de 18 años proferida contra la exsenadora Piedad Córdoba por colaborar y promover al grupo armado ilegal de las Farc, además también buscaría que la líder de izquierda sea indemnizada por el periodo en el que estuvo separada de su cargo, es decir, desde julio de 2010 hasta julio de 2014.
Hernández argumentó que a la exsenadora se le violó el debido proceso dado a que no se valoraron detalladamente las pruebas aportadas en el expediente.
De acuerdo a la ponencia de Hernández es "ilegal" incluir como evidencia de los supuestos nexos de Córdoba con las FARC las 'pruebas' halladas en los computadores de alias Raúl Reyes, miembro del secretariado de la guerrilla que murió durante un bombardeo en la frontera con Ecuador en 2008.
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