Para el autor de la iniciativa, Mauricio Aguilar, el objetivo fundamental es acabar con la corrupción que se venía presentando con estos cobros.
"El mensaje a todos los colombianos es que se acaba el negocio de las fotomultas y el enriquecimiento de unos pocos a costillas de los conductores de vehículos", dijo Aguilar.
Cuando el proyecto sea sancionado, los actuales concesionarios tendrán un plazo de 180 días para ajustar su operación a la normatividad establecida por el Ministerio y no podrán recibir más del 10% del valor de cada fotomulta.
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