Alejandro Ordóñez fue elegido como procurador para el periodo 2009-2012 y reelegido para el periodo 2013-2017 por el Senado de la República en sesión del 27 de noviembre de 2012. Desde ese día la demanda contra su reelección comenzó a ser discutida.
Este proceso ha tenido un extenso debate por recusaciones e impedimentos y dos ponencias anteriores que pedían primero mantenerlo en el cargo y luego revocarlo.
La demanda contra su reelección fue interpuesta por un grupo de abogados, encabezado por Rodrigo Uprimny, quien argumentó que en el proceso de reelección del procurador se cometieron múltiples irregularidades.
La demanda solo fue admitida hasta marzo de 2013, con el expediente asignado al magistrado de la Sección Quinta Alberto Yepes Barreiro, pero dos años después de iniciado el proceso, en julio de 2015, ya estaba listo para una decisión.
Sin embargo, el entonces magistrado Marco Antonio Velilla pidió que, por la trascendencia del caso, fuera llevado a la Sala Plena del Consejo de Estado, donde se conoció la nueva ponencia del magistrado Hugo Bastidas en la que se pedía anula la reelección del procurador.
Debido a que Bastidas solo estaba de encargado en el cargo, al ingresar la magistrada Rocío Araujo en titularidad se tomó tiempo para conocer el caso y presentar la nueva ponencia, la cual también pedía anular la reelección.
Después de eso, el procurador Alejandro Ordóñez presentó recusaciones contra los magistrados que estudian su caso y fueron negadas. Se trata de los magistrados Danilo Rojas y Stella Conto, quienes son señalados de filtrar una ponencia y por tal razón tienen investigación en la Comisión de Acusaciones.
El tercer y último recurso tenía que ver con la solicitud del procurador de estudiar nuevamente el impedimento de la magistrada Elizabeth García, teniendo en cuenta que le fue aceptado por tener amistad íntima con su abogado, pero éste ya no lo representa.
Y por último, la recusación que presentó contra la magistrada ponente Rocío Araujo, actualmente investigada por la Comisión de Acusaciones por irregularidades en el trámite del proceso del procurador.
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