Al pronunciarse sobre el acto legislativo que crea la Justicia Especial para La Paz, la ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero señala que las sanciones penales dentro de la Justicia Especial para La Paz, JEP, solo pueden estipularse en una norma jurídica de rango legal y no atadas a lo escrito en el acuerdo final con las Farc.
La ponencia mantiene el tema de la participación en política que contempla que cualquier sanción proferida por la JEP no inhabilitará en la participación en política ni limitará el ejercicio de ningún derecho.
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Igualmente, hace serios cuestionamientos a la forma cómo operaría la tutela ya que se limitan las funciones de la Corte Constitucional por lo que se pide tumbar este punto y la idea es que solo la Corte puede seleccionar tutelas.
Sobre el tema de los terceros, que hoy están sujetos a la jurisdicción penal ordinaria, solo podrán ir a la JEP de manera voluntaria. No podrán ser llamados a la JEP, salvo que acepten su jurisdicción.
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