Ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, la magistrada María Victoria Calle radicó la ponencia en la cual define la suerte de la demanda contra el acto legislativo para la paz.
Su ponencia declara legal y constitucional la facultad del Gobierno Nacional para implementar los acuerdos firmados con las Farc pero lo condiciona a una nueva refrendación popular.
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La demanda puede ser fallada máximo hasta el 15 de marzo de 2017, la presentó el abogado Jesús Pérez González contra el ‘fast track’ y las facultades entregadas al Presidente para expedir decretos con fuerza de ley para reglamentar lo que sea necesario para la paz.
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En este proceso la Procuraduría ya solicitó a la Corte que tumbe el Acto Legislativo por estimar que si se daba otro acuerdo, como en efecto pasó, y otro proceso de refrendación se podría dar vía libre a la reforma.
En este proceso, el exministro de Justicia, Yesid Reyes, presentó un concepto en el que pide a la Corte que habilite el ‘fast track’, pero que tumbe la condición de refrendación popular para que este acto legislativo entre en marcha.
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La magistrada no tuvo en cuenta dicha petición porque en la demanda que estudia no se atacó la refrendación y por tal sentido no podía exceder sus competencias.
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