La Auditoría General de la República pidió a la Fiscalía y la Procuraduría investigar la contratación de gobernaciones y alcaldías ante las presuntas irregularidades en la asignación de contratos a aportantes de campañas políticas en 2012 y 2015.
Según el Auditor General, Felipe Córdoba, un empresario que aportó dinero a una campaña política, tuvo una retribución 1.500%; incluso, en algunos casos, por cada peso aportado retribuyó con 59 mil pesos en contratos regionales en su mayoría asignados a dedo.
"Por ejemplo, en el Departamento de Antioquia, en la anterior administración, encontramos casos como la Unión Eléctrica S.A. en donde aportaron 20 millones de pesos y recibieron contratos por 97.000 millones de pesos, ese fenómeno se presenta en los 32 departamentos y en los más de 1.200 municipios", dijo.
El informe muestra que la contratación con las empresas aportantes a campañas políticas asciende a 80.000 millones de pesos, de los cuales el 66%, es decir 50 mil millones de pesos, se realizó de manera directa.
Córdoba explicó que estas actividades violan el estatuto anticorrupción porque, según la ley, el tope de contratación es del 2.5% con empresarios que han financiado las campañas políticas.
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