Todos los días tenemos un nuevo capítulo dentro de la novela del contrato fallido entre MinTIC y Centros Poblados, por un billón de pesos, para conexión a internet de más de siete mil colegios en las zonas más apartadas del país.
En las últimas horas se conocieron varias peticiones, de un juez y de la Procuraduría, para queEmilio Tapia pierda los beneficios de detención domiciliaria de los que gozaba, dentro de la condena a 17 años de cárcel por el “carrusel de la contratación” de Bogotá.
Tapia gozaba en teoría desde 2019 de la casa por cárcel a cambio de convertirse en “testigo estrella” de la Fiscalía, pero en lugar de someterse a las órdenes judiciales, decidió revivir su esquema de negocios y licitaciones adquiridas de manera irregular, paseando como “Pedro por su casa” por sus oficinas y mansiones de Bogotá, Medellín, Rionegro y Barranquilla.
Hoy se conoció que, desde hace varios meses, un juez pidió sin éxito que se revocara el beneficio de detención domiciliaria a Tapia, porque se demostró que había mentido en su testimonio contra el exconcejal de Bogotá José Juan Rodríguez a cambio de beneficios penales.
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Además, hoy la Procuraduría pidió que Emilio Tapia sea enviado cuanto antes a una cárcel, ante la confirmación de que está violando el código penitenciario y siguió delinquiendo, pese a estar condenado.
Hoy, la situación de Emilio Tapia es la siguiente: fue sometido a un procedimiento quirúrgico de extracción de cálculos en la clínica Misericordia de Barranquilla, en donde espera su recuperación antes de ser enviado a un pabellón especial de la cárcel La Modelo con custodia militar, como lo ordenó el juez del caso.
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Hablando sobre su futuro judicial, Tapia estaría pensando en aceptar cargos por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, sin delatar a nadie, pero a cambio de una pena de entre 5 y 7 años de cárcel.
Ahora faltan nuevos llamados por parte de la Fiscalía, particularmente exfuncionarios de MinTIC presuntamente involucrados en amañar la licitación para favorecer a Centros Poblados y en la Corte Suprema esperan escuchar a los 4 congresistas mencionados supuestamente en el intento de favorecer a la multinacional estadounidense Hughes Net, intercediendo ante la entonces ministra Karen Abudinen.
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