La Superintendencia de Servicios Públicos abrió una investigación formal contra seis empresas de energía y gas que habrían abusado de sus usuarios en la facturación en medio de la pandemia: Vanti S.A. E.S.P., Alcanos S.A. E.S.P., Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gases del Caribe S.A. E.S.P., Enel – Codensa S.A. E.S.P. y Cedenar S.A. E.S.P.
Esto abarca a los prestadores de servicios de energía y gas en Bogotá, en varios departamentos de la costa Caribe, en Antioquia y en Nariño, sobre los cuales se recibieron más de 110.000 quejas de los usuarios.
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La investigación se abre "por el presunto incumplimiento de las diferentes normas sobre medición de consumo y algunas otras disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional para aliviar el costo de los servicios públicos a los usuarios en medio de la emergencia ocasionada por el COVID-19", dijo la superintendente Natasha Avendaño.
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Las empresas se exponen a multas de hasta 87.000 millones de pesos y en algunos casos tendrían que devolver a sus usuarios los cobros en exceso.
Según la entidad, en algunos casos las empresas cobraron el promedio de consumo en lugar de revisar el medidor, otras no aplicaron el congelamiento de tarifas ordenado por el Gobierno y algunas desconocieron otras normas especiales.
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Adicionalmente la entidad tiene indagaciones preliminares en contra de 29 empresas de acueducto y alcantarillado.
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