Las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el proyecto de ley que reforma el Código Disciplinario,que busca atender el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Dentro de la última jornada de debate que se extendió por casi 8 horas, uno de los temas que generó más polémica fue el artículo que le otorga facultades al Presidente de la República, para aumentar la planta de personal de la Procuraduría General, y crear nuevos cargos, si es necesario, uno de los críticos de este artículo fue el representante Gabriel Santos, del Centro Democrático.
“Me pregunto yo, cuál es la intención del Gobierno no sólo de apoyar un proyecto que venga con esto sino de meterle un mensaje de urgencia, en la actualidad uno escucha a ministros del despacho salir a hablar de austeridad y ese proyecto entregándole esa carta blanca al Presidente de la República para que aumente la planta de la Procuraduría pues va en todo el sentido contrario”, explicó.
Uno de los ponentes de esta iniciativa, el senador Fabio Amín, del Partido Liberal afirmó que se ha estipulado que se generará el menor gasto posible para cumplir con los cambios en el personal que se necesiten.
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“Se ha logrado la mejor redacción tanto para las facultades, como para el artículo de provisión de empleos, esa ha sido la voluntad y la vamos a cumplir, de que este proyecto tenga el menor costo fiscal posible”, añadió.
La aprobación de este artículo fue apoyada por los sindicatos de la Procuraduría, Ana Rosa Cely, explicó que, aunque son 4.500 trabajadores, en algunas ocasiones no es suficiente el personal.
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“Mientras que otras entidades que llevan muchísimo menos tiempo, nos duplican y triplican en sus nóminas, por eso nosotros no estamos hablando de la creación de tantos cargos como se menciona, estamos pidiendo las herramientas suficientes de personal para hacer la tarea encomendada”, puntualizó.
Finalmente, la procuradora general de la Nación,Margarita Cabello, dijo que es necesario que estos funcionarios sean elegidos por mérito.
“También somos conscientes de que, en algunos funcionarios, seguramente los de juzgamiento, es necesario ser conscientes y entender que esos funcionarios no los debe elegir el procurador a dedo, sino que deben ser elegidos por méritos, porque eso es lo correcto, lo ético y lo transparente y eso queda incluido en este proyecto”, mencionó.
Durante esta sesión, se alertó que de no aprobarse esta reforma, se corre el riesgo de que miles de procesos prescriban, por tal motivo la procuradora general dijo que la urgencia de aprobar esta reforma es que al entrar en vigencia el 1 de julio el nuevo código disciplinario prescribirían cerca de 10.000 procesos y otro tanto ocurrirían en las oficinas de control interno, personerías y Comisión de Disciplina Judicial, lo cual abriría el paso a la total impunidad, lo cual se quiere evitar con la presentación de este proyecto
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Otro motivo de urgencia es porque el 18 de agosto el Estado debe rendir el primer informe sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana y hasta ahora no se ha hecho, según manifestaron algunos congresistas.
Sin embargo, la jefa del Ministerio Público les salió al paso a las declaraciones hechas por la oposición y aseguró que con la reforma solamente se restructurará y reorganizará la planta de personal existente y de acuerdo con las necesidades del servicio se optimizará el talento humano.
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“No es cierto lo que están diciendo ni mucho menos que se van a crear miles de cargos dentro de la Procuraduría y mucho menos decir que es burocracia que se va a entregar a la Procuraduría, lo que se pretende es que al dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de separar funciones entre investigadores por un lado y juzgamiento por otro lado implica hacer una restructuración interna dentro de la propia procuraduría”, aseguró la procuradora.
Explicó que alrededor de la reforma al Código Disciplinario se han tejido rumores buscando satanizarla y lo cierto es que ésta solo fortalece las capacidades de la Procuraduría para permitirle continuar haciendo su trabajo de evitar la impunidad.
Igualmente, explicó que los objetivos principales de la reforma son dar aplicación a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el juzgamiento de servidores públicos de elección popular, de manera que se puedan otorgar garantías que impidan la violación de sus derechos y también la garantía de doble instancia y separación de funciones entre la investigación y el juzgamiento.
Ahora este proyecto pasará a debate en las plenarias de Senado y Cámara, en donde se espera que sean aprobadas para que se convierta en Ley y se cumpla con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Gustavo Petro.
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