El Consejo de Estado decidió admitir la demanda que interpuso el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, en contra del blindaje jurídico que da efectos internacionales al Acuerdo Final sin someterlo a la voluntad popular.
Aunque el Consejo de Estado denegó la solicitud que había hecho la Procuraduría de suspender provisionalmente los numerales donde se contenía dicho blindaje, recordó que el Gobierno Nacional no puede realizar las tareas allí pactadas sin que se cumpla y den los resultados de la refrendación popular en los términos que señala la sentencia de la Corte Constitucional, ya que explicó el alto tribunal que “en tanto el Acuerdo Final corresponde a una decisión política del presidente (…) al pueblo convocado en plebiscito le corresponde aprobar o improbar dicho acuerdo”.
En este sentido, el Consejo de Estado sostuvo que lo anunciado por Gobierno y las FARC en el Comunicado Conjunto No. 069 del 12 de mayo de 2016 son “dos misiones sometidas a la condición inevitable de que el Acuerdo Final ya firmado por los equipos negociadores de las partes, sea finalmente suscrito por el país mediante el plebiscito por la paz”.
Por lo tanto, el jefe del Ministerio Público llama la atención del Gobierno Nacional para que se abstenga de depositar en la sede de los Convenios de Ginebra el Acuerdo Final y hacer una declaración unilateral ante las Naciones Unidas pretendiendo la acogida y vigencia internacional del mismo, sin que el pueblo lo haya aprobado mediante el plebiscito anunciado para el 2 de octubre.
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