Consorcio seguirá obras del Canal de Panamá pese a ultimátum

para que la administración de la vía le pague sobrecostos, dejando abierta la posibilidad de continuar negociaciones para resolver el conflicto.

Grupos Unidos por el Canal (GUPC), encabezado por la firma española Sacyr, informó en un breve comunicado que "no tiene por qué realizar mañana (lunes) ningún cambio en el estatus de la obra", aunque tampoco descartó no hacerlo en un futuro.

El pasado 30 de diciembre GUPC advirtió que suspendería la construcción del tercer juego de esclusas -el proyecto más importante de la ampliación del Canal- en un plazo de 21 días si no se le reconocía un sobrecosto de 1.600 millones de dólares sobre el monto del contrato original (3.200 millones).

"El preaviso enviado el día 30 da derecho al consorcio a suspender las obras en cualquier momento a partir del día 21 sin que en este momento ese escenario este contemplado", pero "el Consejo de Administración de GUPC podrá evaluar la situación y tomar la decisión que corresponda en cualquier momento", aclaró la nota de este domingo.

El administrador del Canal, Jorge Quijano, restó importancia al documento alegando que no está directamente firmado por Bernardo González, representante de GUPC, sino que fue enviado por un funcionario menor.

"Además, los niveles de producción en la obra son pobrísimos desde hace dos semanas como se pueden ver en el campo", señaló Quijano.

Manuel Manrique, presidente de Sacyr, aseguró la semana pasada que el consorcio "bajo ningún concepto va a abandonar la obra".

Pero a pesar del plazo que vence el lunes para que el consorcio deje las obras si no recibe los sobrecostos solicitados, las vías de diálogo parecen no estar agotadas. El vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, informó este domingo que, a petición de GUPC, tratará de mediar en la crisis.

"Lo más urgente a hacer es que las partes no lleven a cabo el ultimátum que expira mañana 20 de enero de 2014 y que concedan un plazo extra de algunas semanas para que pueda familiarizarme con el expediente", indicó Tajani.

Quijano señaló a la AFP, sin entrar en detalles, que durante el fin de semana la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha mantenido "comunicación con el líder del consorcio (Manrique)".

"Creo que hasta mañana (lunes) en la tarde no sabremos el desenlace de esta situación", añadió el administrador de esta estratégica vía interocéanica por la que pasa el 5% del comercio mundial.

GUPC, que también está integrado por Impregilo de Italia, Jan de Nul de Bélgica y Constructora Urbana (CUSA) de Panamá, asegura que los sobrecostos lo generaron "imprevistos" e informes geológicos erróneos de la ACP, la que a su vez sostiene que el consorcio tuvo 14 meses para hacer sus propios estudios del proyecto.

"Nosotros esperamos que GUPC encuentre un camino que les permita seguir adelante con la obra y continuar presentando y sustentando sus reclamos mediante las vías establecidas en el contrato", manifestó Quijano, quien insiste que los trabajos se concluirán "con o sin" ese consorcio.

La ampliación del Canal comenzó en 2009 y estaba previsto que finalizara en 2014, cuando la vía cumple 100 años. Pero acumula un retraso de nueve meses y ahora se espera que las obras terminen en junio de 2015.

Luego de desatada esta crisis, los expertos criticaron la forma en que se realizó la adjudicación de los trabajos de ampliación del canal.

"En el mercado español y en esta empresa en particular (Sacyr) es costumbre hacer ofertas temerarias para lograr una adjudicación que a todas luces no guarda proporción con lo que el mercado está diciendo", dijo a la AFP Francisco Bustamante, economista jubilado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En julio de 2009 GUPC ganó la licitación al presentar la mejor evaluación técnica y el menor precio, 3.118 millones de dólares, inferior en 363 millones a lo presupuestado por la ACP para el tercer juego de esclusas.

La oferta de GUPC fue muy inferior a la de sus competidores, como Bechtel -de estadounidenses y japoneses-, que solicitó 4.185 millones de dólares, o el consorcio CANAL -encabezado también por españoles-, que pidió 5.981 millones de dólares.

"Ellos han gastado más de lo que habían programado y no tienen 'cash flow' ni financiamiento para poder esperar el fallo del arbitraje. Es un problema real", dijo a la AFP Fernando Aramburú, exministro panameño de Economía y presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

El economista Horacio Estribí dijo no entender "cómo pudo contratarse a una empresa que ya había indicios que no tenía ni la solvencia financiera para concluir la obra".

Según el gobierno panameño y los sindicatos, en los últimos meses más del 50% de los aproximadamente 5.000 trabajadores con los que contaba el consorcio han abandonado sus labores.

El costo del proyecto total es de 5.250 millones de dólares y tiene un avance global del 72% y de 65% en las esclusas.

AFP.