Un fallo del Consejo de Estado ordenó, a la Contraloría del Huila y el gobierno departamental, el reintegro inmediato de una trabajadora que fue separada de su cargo en el año 2001 sin justa causa y tendrán que cancelarle 850 millones de pesos.
Una secretaria, en el año 2001, fue despedida por la Contraloría y el Concejo de Estado y dice que fueron vulnerados sus derechos fundamentales, por lo que se ordena la vinculación e indemnización hasta la fecha.
La demandante se desempeñaba como mecanógrafa de la Contraloría del Huila desde junio de 1990.
A través de la resolución 153 del 21 de diciembre de 1993, expedida por la comisión seccional del servicio civil y suscrita por el gobernador del departamento del Huila, fue inscrita, en el escalafón de la carrera administrativa, como auxiliar de microfilmación en la Contraloría Departamental del Huila, señalándole que, a partir de esa fecha, entraba a gozar de todos los derechos que le otorga la carrera administrativa.
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La funcionaria laboró con la Contraloría Departamental del Huila entre el 8 de junio de 1990 hasta el 4 de marzo de 2001, destacándose por su buen desempeño laboral, las capacidades y conocimientos, pues logró posiciones como mecanógrafa, auxiliar de microfilmación, digitador, almacenista, secretaria y auxiliar de Presupuesto.
Sin embargo, la Contralora Luz Marina Motta, en el año 2001, en una reestructuración que se adelantaba dentro de la entidad, incorporó a unos funcionarios a la planta de personal sin incluir a la demandante y se le comunicó, además, la supensión de su cargo y su no incorporación, motivo por el cual quedó retirada del servicio.
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La Contraloría deberá reintegrar a la funcionaria al mismo cargo o, en su defecto, a uno más alto y pagarle, junto con la gobernación del Huila, todos los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir desde el año 2001 hasta la fecha.
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