Con una votación de 6-3, la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia, dejando sin efecto el castigo judicial más alto en el país, el cual fue una de las banderas de campaña del presidente Iván Duque.
En total, la votación fue de seis magistrados a favor de tumbar esta iniciativa y tres en contra. A favor eligieron Cristina Pardo, quien era la magistrada ponente; Alejandro Linares, Jorge Enrique Ibañez, Diana Fajardo, José Reyes y Alberto Rojas Ríos.
Se conoció que los otros tres votos fueron de los magistrados Gloria Ortiz, Antonio José Lizarazo y Paola Meneses.
La magistrada Cristina Pardo expuso en su momento en un documento de 150 páginas que “el Congreso de la República transgredió su poder de reforma al incluir la pena de prisión perpetua revisable en el artículo 34 de la Constitución, pues afectó un eje definitorio de la carta como lo es el Estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana y, en consecuencia, sustituyó la Constitución”.
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La demanda que resuelve la magistrada Pardo, y ahora la Corte Constitucional, fue presentada ante la Corte por Manuel Alejandro Iturralde Sánchez, Mario Andrés Torres y Juan Pablo Uribe, miembros del grupo de prisiones de la Universidad de los Andes, la cual argumenta que la dignidad humana “es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del sistema de derechos y, garantías contemplado en la Constitución, presupuesto que, además, garantiza la autonomía e identidad del ser humano”. Y, por tanto, “es un atributo esencial e inherente a todas las personas y no es posible perderla bajo ninguna circunstancia”.
Contrario a la ponencia el Gobierno, considera que la pena resulta compatible a la dignidad humana amparada en la garantía de la revisión automática de la prisión perpetua luego de 25 años del inicio de su ejecución es garantía de que el victimario condenado se resocialice, recobre su libertad y se reintegre a la sociedad.
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Desde el principio, la implementación de la cadena perpetua en Colombia estuvo enmarcada en el debate. En un informe elaborado por Comisión Asesora de Política Criminal, por petición del Ministerio de Justicia y, que fue entregado en mayo del 2019.
Los miembros que conformaban ese grupo de académicos y abogados expertos en política criminal, le dijeron al Gobierno que la cadena perpetua no solo no sería útil para prevenir estos delitos contra niños, sino inconveniente y violatoria de tratados internacionales. Sin embargo, el ejecutivo decidió seguir adelante, apoyar hasta el final su trámite y aprobación en el Congreso.
La polarización de Colombia en todos los espectros se materializó también en la discusión sobre la cadena perpetua. Mientras los defensores de la norma la llevaron a sanción presidencial, los detractores interpusieron 11 demandas contra el acto legislativo que modificó la Constitución para darle vía libre a una nueva figura en el Código Penal.
Según Medicina Legal, el 47,9 % de las víctimas de presuntos delitos sexuales en Colombia son niños y niñas entre los 10 y 15 años, y en lo que va del año el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya registra más de 5.000 casos de restablecimiento de derechos a menores víctimas de abuso, acoso y acceso sexual en el país.
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