Luego de que la ONIC reportará el asesinato de 97 indígenas durante el gobierno Duque, fuentes de las Fuerzas Militares manifestaron que la protección para estas comunidades es compleja porque tienen una autonomía sobre el territorio, que, aunque no es total, sí genera restricciones para la presencia de la fuerza pública en esos espacios.
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Sin embargo, lo más grave es que en esos resguardos por cultura se está sembrando coca y marihuana en cantidades, lo que está convirtiendo a esas zonas pobladas por indígenas en centro de disputas de mafias y grupos armados que buscan controlar el negocio del narcotráfico.
La mayor preocupación para las autoridades es que en dichos enfrentamientos se pueda presentar una masacre pues, algunos indígenas que no aceptan la llegada de los narcos, se están enfrentando a los grupos criminales por sus propios medios, pero están en desventaja teniendo en cuenta que la mayoría de esas organizaciones tienen en su poder material bélico.
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De hecho, en el informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos de 2017, se registró un leve incremento del 7% en las hectáreas de cultivos de coca en resguardos indígenas. Este fenómeno se estaba presentando para esa época, especialmente, en la región del Pacífico con un total de 69% de comunidades con presencia de esos cultivos.
Por eso, el llamado que hacen las autoridades a las comunidades indígenas es que permitan la protección de la fuerza pública en esos territorios y no se obstaculice la labor de los uniformados.
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Con este mecanismo, autoridades locales, regionales y de orden nacional podrían apoyar en mejorar la seguridad a esta población.
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