En la audiencia pública de la Corte Constitucional sobre las medidas de protección para los líderes sociales, la oficina de derechos humanos de la ONUaseguró que en el país de 100 casos de defensores sociales muertos, 33 fueron asesinados en el marco de las protestas sociales.
Además, entregaron cifras de los homicidios de los defensores de derechos humanos, y las tutelas falladas a favor para la protección de la UNP con esta población y pidieron garantías por falta de resultados del Gobierno.
La ONG Human Rights Watch alertó sobre las cifras de violencia en las comunidades indígenas, además de la elevada cifra de muertes en Colombia a la hora de ejercer el derecho de la protesta en medio de la audiencia convocada por la Corte Constitucional sobre las medidas de protección para la población líder y defensora de derechos humanos.
“En el total de 100 casos de homicidio de defensores verificados en el 2021 por nuestra oficina, 33 fueron casos de muerte que ocurrieron en el contexto de protestas, la mayoría durante el Paro Nacional”, señaló Juliette de Rivero de Human Rights.
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También resaltó de que no se trata de un tema únicamente de cifras, sino de una tragedia.
“Este no es un tema de cifras, la muerte de cada persona defensora de derechos humanos es una tragedia para Colombia y para su comunidad”.
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Según las tutelas que llegaron a la Corte Constitucional, la afectación de los derechos se produce en diferentes escenarios. Varias de las tutelas que llegaron a la alta corte, señalan que aún no cuentan con protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Entre tanto, Alfonso Campo Martínez, director de la UNP, fue citado a esta audiencia y señaló que más de 7.000 personas han sido beneficiarias de las medidas de protección.
“Desde el 2014 hasta la fecha, 7324 personas han sido beneficiarias de medidas de protección y, de ese número, 3652 son líderes o lideresas sociales, que corresponde al 46% de las medidas totales”, señaló Martínez.
“Desde el año 2012 nos han presentado 3.245 acciones de tutela; 2.107 han fallado a favor y 1.089 han sido fallos en contra”, precisó la UNP.
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Sin embargo, expertos como Rodrigo Uprimny señalaron que no hay resultados hasta el momento.
“Los mecanismos implementados por el Gobierno no han dado resultados y no cumplen con los estándares de una política que permita la defensa de los derechos de líderes y lideresas sociales”.
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Dentro de las cifras se mencionó que en el 2016 y 2021 se registraron 1559 homicidios de personas defensoras de DD.HH y lideres sociales en 348 municipios, de los cuales 126 contaban con alerta temprana mientras que en 122 no se advirtió la situación de riesgo por el SAT, según Marco Romero, director de la CODHES, una organización con carácter consultivo ante la ONU y la OEA.
Según el Ministro del Interior, Daniel Palacios, en materia de recursos el Gobierno ha dispuesto más de 280.000 millones de pesos para invertir en la protección de comunidades indígenas, negras, palenqueras, LGBTIQ y los entes territoriales que son los primeros respondientes en materia de amenazas y vulneración al liderazgo social.
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