El defensor del Pueblo Jorge Armando Otáloraaseguró que en las próximas horas espera reunirse con la juez quinta penal especializada para pedir que el contralor Edgardo Maya, sea escuchado respecto a las consecuencias que traería para el país un traslado de sede de la Contraloría.
"Para que lleve las implicaciones que tiene para el país el desmontar la sala de sistemas. Ya los colombianos no podemos acceder a un certificado de antecedentes fiscales y desde esa óptica se paraliza gran parte de la administración pública porque los ciudadanos no se van a poder posesionar en un cargo público y lo grave es que nadie podrá firmar un contrato con el Estado", dijo.
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Otálora además reiteró su preocupación por lo que pueda pasar con la futura sede de la Contraloría pues la antigua sede del Ministerio de Justicia no es suficiente para los más de dos mil trabajadores.
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