La Juez Séptima Penal con funciones de Control degarantías de Neiva,dejó en libertad a Julián Fernando Cantillo Liberato, William Javier Serrato Morales y Kevin Mauricio Morea Gómez.
Estas personas eran señaladas de realizar actos vandálicos y de violencia el 1 de mayo en la capital del Huila.
Ese día fue incinerada una motocicleta de la Policía Nacional, atacada una ambulancia de la ESE Carmen Emilia Ospina, vandalizados dos establecimientos de comercio y además 8 uniformados resultaron lesionados.
Esta decisión, de acuerdo con la juez, se tomó porque durante la audiencia, la Fiscalía debió retirar los delitos de daño en bien ajeno por el ataque contra una ambulancia y dos los locales, porque no fue cuantificado este daño.
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Además del retiro de lesiones porque no se contaba con los dictámenes médicos de los 8 policías que resultaron heridos.
Asimismo, durante la audiencia para los delitos de Incendio agravado, violencia contra servidor público, asonada, constreñimiento, perturbación en servicio de transporte público y obstrucción de vías públicas en grado de coautores, no se aportó los suficientes elementos probatorios necesarios para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad.
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Tratándose del derecho a la libertad, su privación absolutamente restrictiva debe cumplir los requisitos enunciados y contener una carga argumentativa y probatoria alta, la cual que no se desarrolló en la audiencia por parte de la representante de la Fiscalía General de la Nación, con los elementos materiales probatorios presentados contra cada uno de los imputados
Por esta razón, la decisión de la juez fue imponer medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra los capturados, quienes pese a este fallo continuaran vinculados en el proceso.
“Se impondrá a las tres personas aquí mencionadas, medida de aseguramiento no privativa de la libertad”, precisó la juez.
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“Para todos ellos será obligación de presentarse periódicamente o cuando sean requeridos ante el juez o autoridad que los requiera, por cuenta de este radicado; observar buena conducta individual, familiar y social; prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares donde se registren hechos de violencia”, añadió.
La decisión fue aceptada por defensa y el ente acusador, así como por parte del representante de la Procuraduría quien durante la audiencia indico que los vídeos no mostraban la participación de los imputados.
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