En su informe mundial sobre protección de los derechos humanos, la ONG Internacional Human Rights reiteró sus críticas a la implementación del proceso de paz colombiano.
En particular, se concentra en mecanismos de justicia transicional que, a su juicio, genera escenarios de impunidad.
"Su componente de justicia contiene graves deficiencias que podrían permitir que criminales de guerra eludan una rendición de cuentas genuina. Al momento de preparación de este documento, todavía no se había establecido plenamente la Jurisdicción Especial para la Paz, el sistema judicial creado por las partes para procesar los abusos cometidos durante el conflicto armado”.
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Asimismo, el informe señala a las disidencias de las Farc, a sucesores de grupos paramilitares y al ELN como generadores de violencia.
“En 2017, el ELN siguió cometiendo graves abusos contra civiles, como por ejemplo ejecuciones, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores en el departamento de Chocó. El 25 de octubre, el ELN asesinó a un líder indígena en Chocó, a pesar de haberse comprometido con el gobierno a cesar los abusos”.
Y agregó que “ELN continuó usando minas antipersonales en 2017. El gobierno informó que 4 civiles murieron y otros 22 sufrieron heridos entre enero y octubre de 2017 a causa de minas terrestres y municiones sin detonar”.
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