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Desenterrar la verdad: 18 nuevos casos de falsos positivos van a la JEP

Se espera que se acredite a las víctimas que habrían sido ejecutadas y desaparecidas por miembros del Ejército en el Guaviare.

Logo de la Justicia Especial de Paz // Imagen: cortesía JEP
Logo de la Justicia Especial de Paz // Imagen: cortesía JEP

Integrantes de la Fuerza de Tarea Omega y comandantes de la Fuerza de Despliegue Rápido Fudra del Ejército, son los señalados para que respondan y rindan versión voluntaria, y así, determinar su responsabilidad en al menos 18 casos de ejecuciones extrajudiciales, algunos de ellos ya en investigación y otros con sentencias.

Estos casos, expuestos en el informe ‘Desenterrar la verdad en los Llanos orientales. Desapariciones, Ejecuciones Extrajudiciales y otras graves violaciones a los DD. HH’, buscan ser sustento para que las víctimas sean acreditadas ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP en el caso 003 de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del estado.

De acuerdo con la Corporación Orlando Fals Borda, se busca que el departamento del Guaviare sea priorizado, pues los avances en la justicia ordinaria respecto al caso de ‘falsos positivos’, no ha tenido avances y la gravedad de que miembros de unidades militares sean señalados de tener responsabilidad, requiere que no queden en la impunidad.

“Es importante determinar los máximos responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos. Es una garantía del derecho a la verdad de las víctimas, conocer quiénes estuvieron detrás de estos crímenes de lesa humanidad y cuáles eran sus intereses en la comisión de estos. También para que estos crímenes no se repitan”, dijo César Santoyo, director ejecutivo de la Corporación Fals Borda.

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Antonio Gutiérrez Bohórquez, Belisario Cárdenas Calderón, Edwin Fabier Tombé Yandé, Eliécer de Jesús Merchán Aguilar, José Jaime Cárdenas Calderón, Juan Pablo Garzón Oviedo, Marco Fidel Bonilla, son apenas siete nombres de las víctimas que llegarán esta mañana ante la JEP en un informe que pretende demostrar cómo sus cuerpos fueron desaparecidos forzosamente, ocultados al ser inhumados como no identificados en cementerios pese a tener documentos, y donde miembros del Ejército estarían detrás.

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