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Después de oponerse, fiscal apoya decreto para evitar propagación de COVID-19 en cárceles

Dice la Fiscalía que el decreto demuestra la cooperación armónica y responsable que existe entre la Judicatura, el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

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Francisco Barbosa / Foto / Suministrada

A través de un comunicado, la Fiscalía anunció que acompaña el esfuerzo del Gobierno Nacional para enfrentar la crisis derivada por los efectos del coronavirus y que por esto, respalda la expedición del decreto 546 del 14 de abril de 2020, que permite la salida de personas privadas de la libertad a detención domiciliaria contempladas en la norma de emergencia.

Hace dos semanas, el fiscal general, Francisco Barbosa, le había enviado un documento al Gobierno de 17 páginas en el que, básicamente, decía que el borrador de decreto era inconstitucional no solo porque le daba tareas de vigilancia de los excarcelados al ente acusador, sino porque, como estaba pensado, no se mitigaba el impacto del coronavirus en las cárceles. Hoy, después de que el Gobierno acogió algunos de sus argumentos en el decreto, la entidad anuncia su respaldo.

Lea también: MinJusticia reconoce que decreto de excarcelación no es suficiente y anuncia medidas

“Desde el día de hoy, cuando se conoció el texto firmado por el presidente de la República y sus ministros, el fiscal general de la Nación y su equipo iniciaron la construcción de un plan de aplicación del decreto legislativo de emergencia, en el marco de las competencias legales y constitucionales de la entidad”, dice el documento.

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Dice la Fiscalía que, como cabeza de la política criminal del país, le parece de vital importancia que se haya incluido en el decreto la garantía de derechos humanos de la salud de las personas privadas de la libertad que van a ser beneficiarias de la detención y la prisión domiciliaria transitorias.

“Llamamos la atención a las autoridades municipales y departamentales para que, rápidamente y con la urgencia que amerita esta emergencia, garanticen las condiciones de las personas privadas de la libertad con medidas de aseguramiento y condenadas que se encuentran en los centros transitorios de detención como estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), y otros, esto conforme al Artículo 27 del Decreto Legislativo 546 del 14 de abril de 2020”, añade la entidad.

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Finalmente, dice la Fiscalía que el decreto demuestra la cooperación armónica y responsable que existe entre la Judicatura, el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

 

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