La Procuraduría encontró que el exalcalde de Buenaventura Bartolo Valencia Ramos celebró contratos en los años 2014 y 2015 por 3.400 millones de pesos del Sistema General de Participaciones para beneficiar en materia de educación a 3.880 estudiantes del municipio.
El problema es que 2.321 alumnos no aparecen y, según los hallazgos, solo 1.500 fueron realmente los beneficiados, por lo que se generó un detrimento patrimonial de más de 2.000 millones de pesos.
Este escándalo denominado como “los estudiantes fantasmas”, por el propio órgano de control, terminó en un juicio disciplinario que culminó con un fallo de primera instancia del ministerio público con 10 años de inhabilidad para el exalcalde que les dio ayuda educativa a estudiantes que en verdad no existen.
“En el uso de los dineros del Sistema General de Participación para Educación estaban involucrados tanto el interés público como recursos públicos, y por su cargo de primera autoridad de contratación del Distrito debía propender por verificar dicho interés público y respetar el principio de responsabilidad que regula la contratación administrativa”, explicó la Procuraduría en su decisión.
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La Procuraduría además encontró que el alcalde Valencia incluyó en el Banco de Oferentes al Centro Docente Ana Victoria, la contratación de servicios educativos, y posteriormente celebró cuatro contratos más a pesar de incumplir los requisitos técnicos del oferente.
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Una auditoría del Ministerio de Educación fue la que permitió demostrar que los estudiantes que la Alcaldía dijo que iba a ayudar, eran inexistentes.
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