La Procuraduría General le envió un concepto a la Corte Constitucional en el cual le pide que deje en firme la norma que obliga a los jueces exigir el dictamen de Medicina Legal para conceder la casa por cárcel a quienes adviertan enfermedad grave.
De acuerdo con el documento de la Procuraduría, el dictamen del Instituto no afecta el procedimiento penal y por lo tanto descarta cuestionamientos para que la justicia tome decisiones frente a las medidas de aseguramiento que deben aplicarse a los reclusos que argumenten enfermedades.
“El concepto médico es uno de los medios de prueba que el juez debe considerar para fundamentar su decisión, y es el funcionario judicial quien debe velar porque las condiciones de reclusión sean compatibles con el estado de salud del detenido”, señala el concepto.
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De igual forma, la Procuraduría insistió a la Corte Constitucional, que no tenga en cuenta argumentos sobre los cuales se cuestiona a Medicina Legal al ser una entidad subordinada de la Fiscalía General de la Nación.
Para la Procuraduría, Medicina Legal es autónoma y las decisiones que adopte en materia funcional no puede cuestionarse en procesos judiciales.
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“Si bien el Fiscal General participa en la Junta Directiva del instituto y designa a su director, esto no puede interpretarse como una falta de autonomía o subordinación, sino como una expresión de los controles existentes para la fijación de políticas generales y su coordinación con otras ramas del poder público”, agrega el documento.
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