BLU Radio conoció en exclusiva que miembros del antiguo Comando Conjunto Central de la extinta guerrilla de las Farc-EP, con dos de ellos de manera presencial y otros de forma remota, desarrollaron una audiencia colectiva sobre retención ilegal de personas o conocido como secuestro, como parte de una serie de comparecencias en referencia al caso 01.
La versión voluntaria, tiene dos dimensiones: una individual y una colectiva. La primera, en 2019, los miembros del grupo relataron su participación de forma particular dentro de la organización, y en esta ocasión, hablaron sobre verdad, intenciones de reparación, y manifestaron fuertes expresiones de arrepentimiento, que se suman a las palabras escritas por el antiguo secretariado hacia las víctimas en una carta conocida recientemente.
Esto es solo uno de los tantos pasos en medio de lo que conlleva los procesos judiciales en el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. En esta ocasión, durante horas, se escuchó a comandantes que tuvieron responsabilidades directas en secuestros. Pidieron perdón, relataron casos particulares, entregaron detalles, respondieron dudas de víctimas que asistieron a la audiencia, dejaron por escrito complementos de sus versiones y por sentado, que aportarán para encontrar a los desaparecidos.
¿Cómo se adoptó la decisión de plagiar civiles y miembros de la fuerza pública? ¿Cómo se tomaban las decisiones? ¿Cuántos estuvieron cautivos? ¿Cuáles fueron las órdenes de cómo se iban a tratar los cautivos? ¿En qué circunstancias algunos resultaron muertos? ¿En qué modalidades se dieron las privaciones de libertad?
¿Cómo se tomaron las decisiones de liberar a los cautivos?, son apenas algunas de las preguntas que hizo la magistrada Julieta Lemaitre, quien, durante toda una jornada maratónica, estuvo liderando dicha audiencia.
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En septiembre del año pasado, se hizo la entrega de una versión colectiva, y se llevó a cabo el primer acto de reconocimiento, los comparecientes Rodrigo Londoño y Pastor Alape, manifestaron que seguirían aportando información.
Víctor Hugo Silva Soto, conocido como ‘Erik’ o ‘El Chivo’, perteneció al frente 17 y en 1998, pasó a formar parte de labores de finanzas en la insurgencia, y fue capturado en 2012 hasta recuperar su libertad tras el acuerdo de paz.
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“La guerra degrada sacando lo peor de la condición humana. El secuestro no es nada revolucionario, sino ponerle precio a la vida, al igual que el narcotráfico, es envenenar la humanidad. Nosotros lo hicimos, y aducir justificación no tiene sentido, lo que podemos es aportar con la verdad y explicar los acontecimientos. Pedimos perdón, creemos que cada uno debe responder por sus hechos, asumimos responsabilidad por lo que hicimos”, relató.
Fue responsable de una unidad financiera en el Tolima, ejecutaron acciones en conjunto con otros bloques.
“Fuera de lo injustificable y el error que se cometió entorno al secuestro, digo que la prolongación de la guerra fue degradando al ser humano, la manera en que acontecieron algunos hechos (…) lo que hace Alfonso Cano, es corregir algo que es incorrecto, como corregir la misma guerra. Algo que de cierta manera fue sistemático”, añadió Silva.
Y cuestionó argumentos del entones estado mayor de las Farc, pero reiteró que la concepción, hoy, cuando están en la legalidad, es diferente, y que lo que hicieron, pudo haber sido distinto, sin transgredir la humanidad. “Uno se aterra cuando los del Estado Mayor, algunos líderes justifican que los responsables fueron los comandantes de cierto frente. El cuido de los secuestrados estaba bajo la responsabilidad del comandante de la comisión o directamente tenían una línea de mando, que se diera el trato más humano en la manera de lo posible, humano, si se puede decir”, dijo.
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“Más que todo, el cuido era en dirección a cuidar ese objeto de valor, no cuidar al ser humano como ser humano”.
Añadió en una autocrítica que argumentó ante la magistrada Lemaitre, al frente del caso de secuestro. Dijo que se causó dolor a las víctimas y sus familias, y destacó que, al haber sido comandado por Alfonso Cano, fue una oportunidad para que los errores no fueran más grandes de lo que fueron.
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“Nos llevó el odio, las mismas necesidades, la misma presión de llevar resultados, algo similar de lo que ocurría con el gobierno y los falsos positivos, nos ponían un tope en la parte financiera, los resultados eran en recursos, en plata (…) Esto no basta solo con pedirles perdón, sino también nuestro ejercicio es reparar las acciones, no de pronto devolvernos en el tiempo porque es imposible, pero sí de alguna forma mitigar ese daño”, comentó.
Henoc Capera, conocido como Giovanni Castro, en los últimos años como dirigente en el frente 21 de las Farc, fue mando medio, según él, en organización de masas, luego dedicado al trabajo financiero, y en los últimos 15 años en filas, en tareas de combate o conocida en las Farc-EP como tarea de orden público.
El hoy firmante de la paz, inició su testimonio entregando un mensaje de respeto para las víctimas, y dijo que el propósito de la diligencia judicial no es decir mentiras, y abierto a la reconciliación y consolidación de la paz.
“Sabemos lo duro que es haber sido víctima de secuestro; seguramente todos los delitos son graves, pero el de secuestro, conocemos la gravedad”, señaló
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Pero cuestionando cómo se sabía si una persona tenía dinero, dijo que se tenía que confirmar primero, y reconoció errores, que no había tanto tiempo para analizar o procesar la información y seguramente “iban procediendo”, es uno de los jefes de finanzas, desde donde se planeaban los secuestros, al menos, en el sector de El Cañón de las Hermosas, y parte del Tolima.
Habló sobre varios casos en los que estuvo al frente, y en todos pidió perdón, y en particular el de dos niños, a quienes plagiaron al no encontrar a su papá, que era el “verdadero objetivo”, ese secuestro se dio en 1999 o 2000, eran hijos de un ganadero del municipio de El Guamo, Tolima, estudiaban en El Espinal, y en camino a su ruta de estudio, frenaron el vehículo en el que se dirigían.
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“A mí me tocó materializarlo: cumplir la orden. Ellos seguramente se les estiró el secuestro unos siete u ocho meses, a los dos menores. La persona a secuestrar inicialmente era el padre. Se decía que andaba escoltado, entonces se hizo difícil y finalmente tomamos la decisión de secuestrar al mayorcito (De 16 años no al de trece), pero como ambos iban en el carro, se llevaron a los dos. El pequeño se resistió y no quiso dejar a su hermanito solo. Los dos camaradas (que hacían parte del hecho) están muertos. Yo asumo la responsabilidad”, dijo Capera.
La política era de no secuestrar niños, dijo, y reconoció la equivocación, “no sé cómo el camarada Adán Izquierdo, que era del estado mayor decide que lleváramos a cabo el secuestro. No tenía yo la experiencia de hoy, pero no quiero justificar el hecho. Adán era el jefe, los documentos, los estatutos, decían que debíamos tener profundo respeto por la niñez”, agregó.
A la pregunta de si hubo algún castigo a los guerrilleros, dijo que, en el secuestro de los niños, murió Izquierdo, (quien era el encargado), y quedó Capera sorprendido con la noticia en medios de comunicación, y desde El Caguán, el secretariado preguntó qué había pasado. Quien tenía que responder era Alfonso Cano, llamó a Capera y le pidió una explicación de lo sucedido con los niños, respondió que, de no poder secuestrar al papá, tenían que “echar mano al hijo mayorcito”.
“Me dijo: tiene tres días para que solucione y entregue esos niños, la retirada la hicimos hacia Rovira, el operativo fue inmenso, no podíamos dejarlos tirados por ahí. Fue pasando el tiempo, y nos fuimos hacia la cordillera, en esos municipios del centro del Tolima, seguramente pasaron unos tres meses, y no se pudo solucionar el caso.
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Caigo prisionero y quedaron esos dos niños en el monte secuestrados. Los niños los cargaba yo en el momento que caigo preso, afortunadamente estaban en un sitio seguro, quedé desconectado y se les alargó a los niños el secuestro, yo no tenía idea de lo que pasaba estando en la cárcel, un año después me volé de Picaleña, y supe que finalmente los entregaron sin pagar todo lo que pretendíamos”, añadió.
Secuestros de militares
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En zona rural del Tolima, se ejecutó el secuestro de un Cabo del Ejército, “Él quedó vivo y se rindió, tenía una pequeña esquirla en el pie, se le respetó la vida, el Frente 21 lo cuidó alrededor de 20 días, Alfonso Cano ordenó que fuera trasladado al Cauca a la Columna Gabriel Galvis. Lo del cabo era por ser mando, pues el secretariado de las Farc ordenaba que donde hubiera prisioneros de rango, dejarlos para lo que Marulanda proponía la “ley de canje”, no recuerdo, pero estuvo secuestrado como 4 años, lo entregaron en Miranda a Piedad Córdoba y otra gente de colombianos por la Paz, eso fue en mayo de 2008”
Y otro caso, el de un patrullero de la policía en San Antonio, Tolima, era escolta del alcalde de ese municipio. “A fin de año decidimos hacer un retén entre Chaparral y San Antonio. Ahí cayó el alcalde, íbamos a entregar unos volantes y unas pocas tarjetas de navidad para decir “aquí estamos presentes” El Policía iba de civil, con un revólver, junto al alcalde, “contra el alcalde no había nada”, puntualiza. El retén era utilizado para entregar propaganda de la guerrilla, el policía fue secuestrado, lo llevaron al Cañón de las Hermosas.
De acuerdo con información entregada por la misma JEP, en esta ampliación de la versión colectiva, “el Comando Conjunto Central estuvo compuesto por los frentes 17, 21, 25 y 50, los frentes “Tulio Varón” y “Joselo Losada”, así como por las comisiones especiales de finanzas “Manuelita Sáenz”, Emisora “Manuel Cepeda Vargas” y la Escuela
“Hernando Murillo Toro””.
22 víctimas acreditadas en el caso 01, participaron de dicha diligencia, y a través de representantes judiciales, se tuvo la oportunidad de hacer preguntas puntuales en hechos concretos. Algunas de ellas, lograron resolverse, otras, quedaron en el compromiso de responderse ya sea a través de escritos o en otros espacios.
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“Las ampliaciones de la versión colectiva rendida por la extinta guerrilla buscan, además de detallar el fenómeno desde un enfoque territorial, satisfacer las demandas de verdad de las 2.334 víctimas acreditadas en el caso 01. De allí que los comparecientes tienen la obligación de aportar verdad plena y exhaustiva sobre los hechos y conductas, respondiendo al temario entregado por la Sala y a las demandas de verdad de las víctimas”, agregó la Jurisdicción.
Se han adelantado 33 versiones individuales de comparecientes el caso de secuestro, mientras que en ampliaciones territoriales han participado 350 exintegrantes de las Farc.
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