El Gobierno presentó en el último año dos proyectos de ley relevantes para combatir los problemas medioambientales más grandes de Colombia.
Hay que recordar que el país firmó el Acuerdo de París que tenía objetivos ambiciosos para reducir el efecto del cambio climático, los niveles de los gases efecto invernadero, la contaminación de los océanos, la deforestación y otras problemáticas ambientales de coyuntura a nivel mundial.
Uno de los proyectos tiene que ver con la solución a la adjudicación de baldíos en zonas que han sido categorizadas como de reserva forestal. Ese proyecto se radicó por primera vez el 8 de agosto de 2017. Luego el 12 de septiembre de ese mismo año el presidente de la Comisión Quinta, Manuel Mora, recibió el proyecto, pero designó ponentes sólo hasta el 10 de octubre.
El 15 de noviembre se logró citar a las comisiones de ambas cámaras para la votación del proyecto pero fue imposible darle trámite por falta de quórum.
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Como no se pudo hacer ese año, el proyecto volvió a radicarse el 16 de marzo de 2018, una vez los congresistas llegaron de vacaciones con un mensaje de urgencia el 9 de abril. Pero aún sigue en la incertidumbre.
El problema es que actualmente en el país existen 54 millones de hectáreas de zonas de reserva forestal. Pero allí han sido asignadas tierras a campesinos para que realicen trabajos agropecuarios que degradan los suelos y afectan la biodiversidad. Al final, el problema resulta también en un conflicto social porque los campesinos no pueden ser propietarios formales y están expuestos a multas de las autoridades ambientales justamente por el uso de esa tierra para actividades que causan daños al ecosistema. Lo que busca el proyecto de ley es que los campesinos puedan ser propietarios y realizar labores que no afecten al medio ambiente.
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En los últimos años, el Gobierno se comprometió a tener un indicador de 0 deforestación en la Amazonía para 2020, pero como lo ha reconocido el ministro, Luis Gilberto Murillo, esa promesa ya no es viable hoy. La deforestación continúa en aumento por diferentes fenómenos como la ganadería extensiva, colonización de tierras, y cultivos ilícitos.
El otro proyecto prevé todas las herramientas para prevenir y contrarrestar el cambio climático. Si no se vota en las comisiones conjuntas ambos proyectos serán archivados con un riesgo de retraso en la agenda ambiental en comparación con otros países del mundo en donde ya hay acciones claras y efectivas para reducir el impacto. El Congreso tiene la decisión final.
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