Esto es chantaje, si hay un contrato se debe cumplir: expresidenta de Panamá

entregado por el consorcio encargado para que las autoridades gestoras respondan a su petición de un pago mil 600 millones de dólares de sobrecostos.

Moscoso recordó que en 1999 recibió el Canal de Panamá, “fue un momento de alegría para nosotros y desde ese mismo momento empezamos con los estudios de ampliación que se dejaron casi listos al final de mi Gobierno; hoy nos encontramos con esto que no solo ha sido un problema para nosotros sino internacionalmente”.

La expresidente afirmó que la empresa debe cumplir “pues existe un contrato, nosotros sentimos que esto es un chantaje porque si no pagamos dejan las obras ahí y si bien existe una cláusula de cumplimiento de  600 millones de dólares, la cantidad no sería suficiente”.

Agregó que es un compromiso de Panamá y de todos sus habitantes buscar la forma de terminar las obras porque es una “obra mundial, no solamente de nuestro país”.

“Pase lo que pase, esto no se va a parar, las obras se van a terminar, el Canal es nuestra joya para el mundo y la vamos a cuidar como tal”.

El Ultimátum

El consorcio internacional encargado de las obras de ampliación del canal de Panamá advirtió que mantenía el ultimátum de 21 días para que las autoridades gestoras del canal respondan a su petición de un pago suplementario de 1.600 millones de dólares.

La constructora española Sacyr, que dirige el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), dijo en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española que "procederá a la suspensión de los trabajos si los incumplimientos denunciados no son remediados dentro del periodo de preaviso".

Este periodo es de 21 días, indicó un comunicado de GUPC del 30 de diciembre publicado por la prensa panameña.

El administrador del canal, Jorge Quijano, había rechazado el miércoles en un comunicado esta petición "destinada únicamente a forzarnos a negociar fuera de los términos del contrato".

El consorcio GUPC S.A. participan Sacyr, la firma italiana Impreglio, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana.

"GUPC ha presentado fundadas reclamaciones en relación con los sobrecostes del proyecto derivados de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles", escribió Sacyr este jueves.

En su comunicado, el grupo español denuncia "incumplimientos graves" en el contrato por parte de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y afirma que "GUPC ha venido desarrollando continuados esfuerzos para que estas reclamaciones, cuyo importe global asciende a la fecha a unos 1.625 millones de dólares estadounidenses (unos 1.183 millones de euros), fueran atendidas por la ACP a medida que han ido surgiendo".

"GUPC mantiene abierta la interlocución con la Autoridad del Canal de Panamá para alcanzar un acuerdo satisfactorio que ponga fin al actual desequilibrio contractual", afirma la empresa española.

La ampliación del canal de Panamá pretende permitir el paso de navíos que transporten hasta 12.000 contenedores, el triple de la carga posible actualmente.

Los trabajos, que tienen un costo total de 5.200 millones dólares, 3.200 de ellos para GUPC, comenzaron en 2009 y está previsto que terminen en octubre de 2014, pero llevan un retraso de nueve meses.

GUPC reclama desde hace un año el pago de 1.600 millones de dólares más que atribuye a los retrasos en las obras.

Al principio del contrato se produjo un retraso de cuatro meses, y la autoridad del canal consideró que el cemento que GUPC pensaba utilizar era de mala calidad y no permitiría que la obra pudiera durar al menos cien años, como el canal actual.

Con AFP.