La radiografía que recibió la Procuraduría sobre la situación social y de seguridad en Quibdó no es nada alentadora.
Líderes sociales, organismos de control locales y hasta la iglesia católica, advirtieron que es muy compleja la situación de seguridad sumado a la pandemia del COVID-19 y la ola invernal.
Cerca de 17.000 personas han sido desplazadas debido a la disputa de territorios entre el Clan del Golfo y el ELN por las economías ilícitas y el reclutamiento.
En la región del Baudó, estos hechos se han agudizado la ultimas semanas, pero Quibdó tampoco se escapa. Según monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, mientras el promedio en tasa de homicidios en algunas ciudades del país es de 25 por cada 100.000 habitantes, en esa ciudad es cuatro veces más.
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A su vez, Gladis Rosa Mena, líder social que ya fue amenazada por intentar ir al municipio de Itsmina a una reunión de derechos humanos, denunció que los jóvenes son los que están siendo reclutados por organizaciones ilegales y luego instrumentalizados para cometer actos de extorsión y homicidios.
El Ejército y la Policía manifestaron, durante un consejo de seguridad extraordinario, que los operativos contra estos grupos crimínales se han intensificado en las últimas semanas, pero admitieron que existen problemas serios en la judicialización de delincuentes, puesto que no cuentan con la infraestructura para trasladar a capturados a sus bases militares y de policía.
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El procurador Fernando Carrillo manifestó que el incremento de pie de fuerza en la región es importante, pero igual de importante es la presencia social de estado.
De nada sirve la operatividad si tenemos datos del DANE que reflejan desigualdad en la ciudad. Por eso vamos a dejarles a los habitantes de Quibdó una directiva donde se le pueda hacer seguimiento a las estrategias de índole social.
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