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Fiscalía cuestionó fallo de juez que absolvió a la Drummond por derrame de carbón

El ente acusador apeló la decisión ante el Tribunal Superior por el derrame en la ciénaga de Santa Marta.

Fiscalía // Foto: Fiscalía
Fiscalía.
Foto: Fiscalía
La Fiscalía cuestionó la decisión de un juez en Ciénaga que absolvió a la Drummond por el derrame de carbón en la ciénaga de Santa Marta. Según la fiscal de la Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente que tuvo a cargo el caso, fueron tres los argumentos con los que el juez primero penal de Ciénaga, Rafael Manjarrés, acudió a la figura de duda razonable para absolver a los implicados en el fallo dictado el pasado 23 de octubre de 2018.
 
El primero de ellos se relaciona con la ausencia de una norma que prohíba el vertimiento de carbón al mar. Adicional a lo anterior, el ente acusador cuestionó la credibilidad que el abogado le otorgó a la evidencia de la defensa quienes, al parecer, aportaron al caso biólogos sin tarjetas profesionales y muestreos ante laboratorios sin acreditación. 
 
La fiscal también resaltó el aparente desconocimiento de la institucionalidad ambiental del país por parte del juez

, luego de que este presuntamente desestimara a entidades como ANLA e Indemar a lo largo del proceso.

Vea también:En firme multa contra la Drummond por daños ambientales


 
Por otra parte, el proceder de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales también fue cuestionado por el ente acusador, quien reconoció que ANLA, aparentemente, no manejó una misma postura a lo largo del caso. Entre esto destacó cambios en la administración y exigencias económicas a la multinacional.
 
La fiscal del caso estima que, a raíz de esta indecisión, habrían rechazado inicialmente el principio de oportunidad presentado por la Drummond para recuperar los ecosistemas del manglar como parte del proceso de reparación a las víctimas por un valor de aproximadamente 500 millones de pesos. 
 
Finalmente, el ente acusador apeló la decisión dictada por el juez el pasado 23 de octubre, por lo que el caso pasó a manos del Tribunal Superior de Santa Marta y continúan a la espera de una decisión por parte del magistrado.

 
 

 

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