El representante José Daniel López habló en Mañanas BLU acerca de la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la modificación a la Ley de Garantías que permitía contratar en época electoral. El congresista contó la forma en que se configuró lo que a su juicio fue "un mico" en la ley de presupuesto.
"La nuez del asunto es que en el mes de julio del año pasado empieza a darse en los corrillos del Congreso la idea de eliminar o aminorar la Ley de Garantías para las elecciones que venían, pero si lo impulsaban a través de una reforma estatutaria, como lo manda la Constitución, por bien que les fuera iban a terminar el trámite del proyecto de ley en septiembre. Entonces tenían que irse a la Corte a la revisión previa, por bien que les fuera, si se aceptara, iba a estar en marzo para firmarse la ley, cuando ya no les servía", indicó.
"¿Entonces qué hicieron? El peor mico de todos, meter esta reforma como un articulito en el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación, que es un proyecto de ley ordinario, con un trámite absolutamente distinto. Por haber hecho ese atajo para evitar el control previo de la Corte Constitucional lograron tener la ley más rápido. De hecho, lograron bajar buena plata de los convenios interadministrativos de la Nación a los territorios, pero justamente por esa misma jugada la Corte Constitucional termina dándonos la razón y ahora de manera retroactiva para tenga que devolverse la plata en los convenios que no hayan sido plenamente ejecutados", agregó el legislador.
De acuerdo con el representante López, hay el fallo de la Corte Constitucional tiene tres alcances: que no se podrán suscribir nuevos convenios, pero la mayoría ya lo están; segundo, que los convenios que no hayan sido ejecutados, se respetaría como vienen; tercero, que sería el grueso de los convenios administrativos, que a partir de este jueves, tienen que dejarse absolutamente quietos y no podría gastarse un peso más, por lo que el único camino sería la liquidación y el reintegro de los recursos a la Nación.
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"Los entes territoriales tendrán que reintegrarle esos recursos a la Nación. Eso va a meter, a quienes participaron en este proyecto de ley, como congresistas promotores, al Gobierno Nacional, pero también a alcaldes, gobernadores y contratistas en camisa de 11 varas. Seguramente lo que vendrán es una serie de demandas contra los entes territoriales, todo esto como consecuencia de la irresponsabilidad del Gobierno y de las mayorías del Congreso de aprobar un artículo de un proyecto que era a todas luces constitucional. Se les dijo de todas las maneras, no hicieron caso y aquí están las consecuencias", complementó el congresista.
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