El gobernador del departamento de Nariño, Camilo Romero, fue llamado a juicio ante la Corte Suprema por una supuesta corrupción en la venta del aguardiente regional.
Según la Fiscalía, el mandatario habría cometido algunas inconsistencias en las condiciones para comercializar el licor, fijadas en 2016. También fue acusado el gobernador encargado para la época, Mario Fernando Benavides.
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Afirman las autoridades que el contrato que se investiga tuvo un costo de $18.000 millones de pesos.
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La investigación se da por su posible responsabilidad en los delitos de contrato sin requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público y asociación para cometer delito contra la administración pública.
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A su vez, el ente investigador indaga si presuntamente la secretaria de Rentas de la Gobernación habría emitido el decreto que ahora está siendo investigado.