El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que los gobernadores deberán involucrase en los planes de seguridad de los líderes sociales y de derechos humanos, y en esa medida ofrecer al Gobierno su punto de vista para garantizarles la protección.
“Deberán participar del diseño de planes de protección para los líderes sociales y para los defensores de DD.HH., es una responsabilidad del Estado en su conjunto”, explicó.
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El ministro aclaró que las autoridades territoriales no tendrán que “financiar esquemas de protección, sino participar en el diseño de planes de protección”, por lo que explicó que no debe haber “preocupaciones de carácter fiscal”.
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Lo que se busca es un involucramiento de las autoridades territoriales para que participen de la confección de planes de protección”.
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Rivera recordó que “en el mes de diciembre se expidió un decreto que señala que la protección de líderes sociales será una prioridad que deberán adelantar los gobernadores, en su condición de agentes de orden público del presidente de la República”.
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El decreto 2124 de 2017 “reglamenta el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.
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