dar el Gobierno a la solicitud de información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la destitución e inhabilidad del alcalde es sobre si está o no de acuerdo con esa decisión.
La CIDH está pidiendo al Gobierno “el estado actual de los procesos, qué recursos tiene el alcalde y cuál es la postura del Gobierno colombiano sobre el fallo de la Procuraduría”.
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Según Barrios, lo que pretende este proceso en la CIDH es determinar “si hay remedio en la justicia domestica para evitar daños irreparables al alcalde y a sus electores”. Una decisión que dependería de la información que haga llegar la Cancillería a ese tribunal, en la que es determinante la postura del Gobierno.
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La Comisión Interamericana requiere para analizar el caso conocer “en qué estado está el proceso, si está ejecutoriado o en firme” y los recursos disponibles que están pendientes para definir la destitución y la inhabilidad del alcalde.
“Esta información es clave porque jugamos contra el tiempo, una vez la comisión recibe la información entra a decidir”, según Barrios, quien además dijo que la respuesta “podría otorgar una medida cautelar, ordenar la suspensión del proceso disciplinario o solicitar más información al Estado”.
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Para finalizar, el abogado reconoció que una respuesta contraria del Gobierno en apoyo al procurador “podría afectar la decisión de la comisión” a favor de Gustavo Petro.