El presidente Iván Duque objetó el proyecto de ley que le otorga beneficios a las mujeres cabeza de familia que están en prisión.
Este proyecto busca que las mujeres cabeza de familia que están privadas de la libertad puedan sustituir esa sanción que tienen con un trabajo social.
El Gobierno pide que estas medidas diferenciales para mujeres cabeza de familia privadas de la libertad no se apliquen al hurto agravado, al concierto para delinquir o al narcotráfico.
Dentro de las objeciones está que puede afectar tratados internacionales.
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De igual manera sustentan que sustituir las condenas de pena privativa de la libertad por una sanción simbólica, que consiste en horas semanales de trabajo social, frente a delitos graves como lo son el concierto para delinquir, el hurto calificado y agravado, los delitos de narcotráfico, cuya pena impuesta sea superior a seis años, igual o inferior a ocho años, resulta “abiertamente inconstitucional” en cuanto que, más allá del beneficio que pueda producir en materia de la alternatividad penal, genera un “incentivo perverso” para la comisión continua de tales conductas.
Además, indican que la jurisprudencia de la Corte Constitucional estableció que el legislador puede conceder ciertos beneficios a favor de las mujeres cabeza de familia, sin que ello implique una violación al principio de igualdad por no reconocer el mismo derecho a los hombres.
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“Sin embargo, dicho trato diferenciado debe respetar los derechos fundamentales de los menores de edad que se encuentran bajo el cuidado de sus padres”, aseguran.
Juanita Goebertus, representante a la Cámara de la Alianza Verde autora del proyecto, asegura que con esta decisión se dejaría por fuera de la aplicación al 91% de las mujeres que están privadas de la libertad por este tipo de delitos.
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