El Tribunal Superior de Bogotá notificó al gobernador de Putumayo,Buanerges Rosero Peña, la medida de detención domiciliaria en el marco de un proceso que investiga la Fiscalía, por los delitos de Peculado por apropiación y falsedad en documento.
Esto se da tras la compra de 10 ambulancias para los hospitales del departamento en tiempos de pandemia.
El mandatario, quien ha asistido a dos audiencias de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, atiende una nueva audiencia virtual con el magistrado (juez), que aceptó el pedido de laFiscalía, en dictarle medida de aseguramiento durante tres meses.
Rosero Peña habría pedido cumplir la medida en una finca de su propiedad en Puerto Caicedo, pero el Tribunal, no habría aceptado y en consecuencia, sería en su vivienda en Mocoa, la capital del Departamento.
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Horas antes a su salida de la casa ‘negra’ del departamento, el mandatario se despidió de sus colabores y les habría dicho que, “se iba a defender para demostrar su inocencia en el proceso que le sigue la Fiscalía”, a él, a cuatro de sus funcionarios, entre estos a dos secretarios, el de Salud, quien renunció la semana pasada y contra el contratista que suministró las ambulancias.
Antes del mediodía de este miércoles, el gobernador conoció la renuncia del gerente del hospital de Mocoa, Manuel Zuñiga, tras una denuncia del exveedor de los usuarios Eduardo Pérez, ante el nombramiento al parecer irregular de un funcionario sin cumplir con el lleno de los requisitos.
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Él temblor político del Putumayo, no para ahí, pues el Gobernador, antes de salir provisionalmente del cargo, hizo varios movimientos administrativos.
La Jefe de la oficina Jurídica, abogada Nayibe Rodríguez, pasó a la Secretaría de Asuntos Administrativos; la que era ocupada por el también abogado Óscar Escobar, quien asumió la gerencia del Hospital; al cargo de Nayibe, pasó el abogado Manuel Ali Rodríguez.
La Fiscalía manifestó haber concluido la parte inicial de su trabajo en el proceso que, apenas comienza para el gobernador.
La apelación del Tribunal de Bogotá, fue resuelta el pasado martes, antes del plazo del 18 de enero que, había previsto resolverla.
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