En un comunicado, la contralora Sandra Morelli hace ocho cuestionamientos a la reforma a la salud que promueve el Gobierno en el Congreso.
Morelli discute puntos álgidos de la ley principalmente porque no atiende a las medidas administrativas que la Corte Constitucional ordenó. Además, porque no ataca problemas de estructura, no se garantiza que los nuevos gestores caigan en los mismos errores de las EPS y no hay normas para intervenir las organizaciones en quiebra.
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La reforma a la salud ya pasó su trámite en el Senado pero no ha logrado aprobarse en la Cámara de Representantes.
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Acá el comunicado de la Contraloría:
1.- Las medidas de tipo administrativo que han sido ordenadas por la Corte Constitucional no se han cumplido y no se cumplen con el proyecto de ley.
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2.- El problema no está en la estructura y de ahí que la reforma se queda en aspectos no sustanciales aunque costosos en su implementación; liquidar o crear nuevas entidades no es tarea fácil. Además, se requieren soluciones inmediatas en el sistema.
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3.- Nada garantiza que los gestores no reproduzcan los mismos vicios de las EPS. Su fortalecimiento coincide con lo que ha venido pasando en la estructura corporativa de estas: activos y sociedades se van independizando de la matriz o EPS, y el gobierno se queda interviniendo cada vez menos la estructura.
4.- Hay orden perentoria de salir de las inversiones, pero que no se cumple a pesar de lo que ordenó la Corte Constitucional. El proyecto de ley ordinaria aplaza la solución e ignora la realidad objetiva que esa infraestructura adquirida con UPC, se ponga a nombre de las IPS, EPS o gerentes o administradores u otras, lo cual se debe sancionar penalmente.
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5.- Hay autoprovisión de bienes y servicios al interior de un conglomerado y no se somete a la lógica del mercado donde la calidad y precios tienen control implícito empresarial en salud: medicamentos, alimentación, indumentaria, etc.
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6.- Se argumenta que no hay normas para administrar intervenciones y quiebras pero al respecto muy poco dispone la ley.
7.- Se establece ejecución de recursos con la entrega a los gestores, sin que se registren hechos objetivos de causación, basta la mera entrega del recurso, sin que exista un único control.
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8.- También se hace nugatoria la medida de embargo; preocupa además el futuro de la infraestructura hospitalaria, sobre todo si el gobierno no define un plan general, de prestación de servicios para ejecutar por las entidades, públicas o privadas, o ambas.