El procurador Fernando Carrillo dijo que tras la pandemia se generó un traslado a todas las URI y estaciones de Policía del país y que la situación se agrava en medio de la pandemia.
En diálogo con BLU Radio, el procurador señaló que las entidades territoriales tienen una “gran responsabilidad en todo esto, tienen que cumplir con los deberes atinentes a la reservación a los derechos de las personas privadas de la libertad”.
Dijo que han alertado en un informe que la situación sigue siendo muy grave y tiene que ver con el aumento de hacinamiento en los centros de detención transitoria que son las estaciones de Policía y las URI. “Yo creo que eso es indiscutiblemente una bomba de tiempo en pandemia y por otro lado tiene que ver con los mínimos constitucionales de las personas privadas de la libertad”.
También dijo que existen irregularidades sobre el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, la seguridad alimentaria y la resocialización. Manifestó que la tragedia que sucedió en Soacha prende los reflectores sobre ese tipo de situaciones.
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Pidió una solución de fondo y no “paños de agua tibia” para enfrentar el problema. “Tragedias como las de Soacha se pueden repetir, por eso insisto que es una bomba de tiempo que hay que desactivar”, aseguró.
De acuerdo con el Procurador el problema del hacinamiento en las cárceles que paso del 51 por ciento al 21,96, se trasladó a las estaciones de policía. Señaló que la reducción del hacinamiento en las cárceles se da por la aplicación de normas ordinarias y no las establecidas en medio de la emergencia.
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“De todas las visitas que hemos realizado, el hacinamiento ha crecido exponencialmente (…) lo demuestran los hechos con todas las implicaciones que la corte ha llamado los mínimos legales, que son los derechos elementales. No se pueden convertir los establecimientos transitorios en los establecimientos permanentes. Simplemente estamos trasladando el problema de hacinamiento de algunos centros penitenciarios a las URI y estaciones de Policía”.
Por su parte el defensor del Pueblo regional de Cundinamarca, Julio Enrique Quintero, envió una solicitud al director del Inpec, a los ministros de Justicia y del Interior una solicitud para adoptar medidas urgentes para el traslado de las personas privadas de la libertad en las unidades de Policía.
Aunque la responsabilidad de las personas que están en las estaciones es de las autoridades municipales y regionales, el procurador Fernando Carrillo señaló que las entidades nacionales tampoco pueden eludir el tema y que se deben generar medidas de fondo.
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El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, habló sobre la situación en la capital del país. Aunque no se refirió a cifras de hacinamiento, señaló que trabajan con el Inpec en el traslado de unas 600 personas que estando condenadas siguen en estos sitios y en otros internos que, aunque no tienen condena, son de alta peligrosidad.
“La semana entrante la Cárcel Distrital recibe 150 personas que están en URI y estaciones para contribuir a bajar el hacinamiento”, dijo y explicó que si tienen condenados en URI es porque durante la época de aislamiento las cárceles a cargo del Inpec no recibían internos.
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“No todos los sindicados están a disposición de las alcaldías municipales (…) hay sindicados de alta peligrosidad que no podrían estar en una estación de Policía (…) nosotros durante estos 10 meses hemos creado 600 cupos nuevos, la ciudad en 20 años no generó un solo cupo”, dijo.
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