que el objetivo era el de asignar terrenos baldíos del Estado a familias campesinas que tuvieran un ingreso de al menos (2) dos salarios mínimos.
Sin embargo, la posterior regulación de la Ley no logró asegurar que tras los 15 años que exigía de tenencia, terratenientes o empresas pudieran concentrar la propiedad, tal como está sucediendo presuntamente con Ríopaila en Vichada y Meta. “El primer objetivo de la Ley es que los baldíos debían reservarse para programas de reforma agraria, de pequeños productores, por eso las unidades agrícolas familiares (UAF)”, dijo.
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La firma de abogados Brigard-Urrutia está en el centro de una polémica por cuenta del encargo que le hizo la empresa Riopaila para hacerse a 27 empresas SAS que acumularían 42 mil hectáreas en esos departamentos.
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