Esta semana el Consejo de Estado puso un tatequieto a las entidades públicas que contratan ilimitadamente a trabajadores bajo la modalidad de prestación de servicios.
Según el alto tribunal, se estableció un periodo de 30 días hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, lo que significa que a un trabajador no le podrán renovar seguidamente el contrato.
Así las cosas, si el nuevo contrato se firma antes de 30 días, se entiende que hay una relación laboral. Esta decisión del Consejo se dio tras resolver una demanda de una abogada contra la Personería de Medellín.
Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, consultó a Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para saber cuál es el escenario jurídico que se viene para el Estado tras este fallo.
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En primer lugar, Gómez habló sobre las demandas de contratistas por casos similiares. “Tenemos una cifra de 7.736 procesos en contra del Estado vigentes, los cuales tienen pretensiones de un billón de pesos, aproximadamente. La tasa de éxito del Estado está en cerca del 54 %", dijo
Luego, añadió: “Esto es un fenómeno a nivel regional, municipal y nacional, pero contratos por prestación de servicios se hacen en casos especiales, es distinto sí se contrata para otras labores”.
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En ese sentido, señaló que “lo malo no es el contrato de prestación de servicios, lo malo es el uso inadecuado de ese tipo de contratación”.
Por otra parte, Gómez hizo un llamado a las personas que está contratadas bajo esta modalidad. “Cuando a una persona que tiene contrato de prestación de servicios le cobran parte de su salario, si le cobran, es corrupción. Tiene que denunciar, nadie tiene porque dar tajadas”, agregó.
Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:
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