Pese a las críticas que ha recibido por varios sectores políticos y sociales, el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, ha tomado en su gestión decisiones que han llevado a la destitución de congresistas, excongresistas y funcionarios públicos por los actos de corrupción, irregularidades administrativas y nexos con grupos armados ilegales.
Pero sin duda, el tema que lo cataloga como uno de los procuradores más polémicos y duros de los últimos años ha sido su apropiación en el escándalo de corrupción por contratos viales en Bogotá: la suspensión del alcalde Samuel Moreno, la destitución del contralor Miguel Ángel Moralesrussi, la inhabilidad del excongresista Germán Olano por los mismo hechos, la destitución del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, y sus posturas contra el proceso de paz entre las Farc y el Gobierno.
Y es que no han sido pocas las críticas a las negociaciones, pues a su parecer los diálogos traerán impunidad y las víctimas no serán reparadas.
Balance.
En 2015 la Procuraduría sancionó a 195 alcaldes, 113 concejales, 13 gobernadores, dos diputados y un senador -que fue Odín Sánchez-, decisiones que ya quedaron en firme.
Igualmente, fueron sancionados 53 secretarios, 33 gerentes, 28 personeros, 25 docentes, 21 soldados, 6 patrulleros, 5 oficiales, 5 sargentos, 5 inspectores de Policía y dos rectores, entre otros.
El balance recoge que desde que Ordóñez está en el cargo, el año 2009, han sido sancionados 11 Senadores, 5 Representantes a la Cámara, 94 Gobernadores, 1627 Alcaldes, 22 Diputados y 1128 Concejales.
Los sancionados:
PIEDAD CÓRDOBA
Aunque la investigación inició en agosto de 2008, tras la incautación del computador del abatido jefe guerrillero conocido con el alias de ‘Raúl Reyes’ y el anuncio realizado por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía sobre la apertura de investigaciones a los congresistas y funcionarios que pudieran llegar a tener nexos con la guerrilla, hasta el 13 de abril de 2010 el procurador formuló pliego de cargos en contra de la entonces senadora liberal.
Las razones aducidas por el procurador general fueron “presuntos vínculos con las Farc y ejercer posiblemente actos tendientes al fraccionamiento de la unidad nacional, conocida en derecho como traición a la patria.
El 27 de septiembre de 2010 la Procuraduría hizo pública la decisión de destituir e inhabilitar por 18 años a Córdoba por colaborar con grupos al margen de la ley y promoverlos. Esta decisión fue tumbada por el Consejo de Estado y se ordenó el pago de una millonaria indemnización a favor de Piedad Córdoba.
GERMÁN OLANO Y MIGUEL ÁNGEL MORALESRUSSI
El 1 de julio de 2010, el Procurador Alejandro Ordóñez confirmó la apertura de indagación preliminar en contra de algunos de los implicados en el supuesto “carrusel de la contratación” en Bogotá. Entre los mencionados por la Procuraduría se encontraban el ex Representante a la Cámara por Bogotá, Germán Olano Becerra y el Contralor Distrital, Miguel Ángel Moralesrussi.
El 31 de enero de 2011 la Procuraduría dio a conocer que dictaba pliego de cargos contra los dos involucrados y los citó a un proceso verbal para notificarlos el 4 de febrero.
En el caso de Moralesrussi, el Ministerio Público argumentó que el funcionario aparentemente solicitó dinero como garantía de un trato favorable de su parte en cuanto al control fiscal de los contratos públicos. Sobre Olano, a su vez, la entidad señaló que el ex Representante habría también pedido dinero a los Nule para garantizar la misma actuación del Contralor de Bogotá en torno al grupo empresarial.
Los dos investigados acudieron a varias audiencias, la última el 22 de febrero. Finalmente el 25 de febrero de 2011, el Procurador Ordóñez hizo público el fallo, en el que destituye a los dos e inhabilita a Germán Olano por 15 años para ejercer cargos públicos y a Moralesrussi por 20 años.
BERNARDO MORENO
Como parte de las decisiones de la Procuraduría en torno a las interceptaciones ilegales realizadas por el DAS, el 22 de febrero de 2010 abrió pliego de cargos a Bernardo Moreno, Secretario de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Uribe. El procurador aclaró que en el caso de Moreno la determinación no tenía que ver con que Moreno hubiera ordenado interceptaciones, sino con la solicitud de información confidencial y privilegiada a la UIAF.
El 1 de octubre de 2010, el Ministerio Público decidió inhabilitar a Moreno por 18 años para ejercer cargos públicos. El 19 de noviembre del mismo año, la Procuraduría confirmó la decisión.
SABAS PRETELT DE LA VEGA
El 9 de enero de 2009, la Procuraduría dictó pliego de cargos en contra de Sabas Pretelt de la Vega por segunda vez en torno al tema de la “Yidispolítica”.
En esta ocasión, la razón de la Procuraduría, según se informó en su página oficial fue: “Contra los señores Sabas y Angarita, por ofrecer la vinculación de recomendados del señor Teodolindo Avendaño a la administración pública con ocasión del trámite del proyecto de reelección presidencial, lo que se hizo a través de la vinculación como notario del señor Luis Camilo O % Meara Riveira”.
El 24 de agosto de 2010, finalmente la Procuraduría decidió destituir e inhabilitar a Sabas para ejercer cargos públicos por 12 años. Al explicar su decisión, el Procurador indicó que la decisión obedecía a un nuevo proceso que adelantó el órgano de control, luego de concluir que existía un “desierto probatorio” en el proyecto de decisión que encontró cuando asumió como Procurador General a comienzos del 2009.
EL EXALCALDE GUSTAVO PETRO
Durante el 2013 fue la destitución por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, la decisión que más críticas le ha traído; sin embargo, en un fallo de más de 400 páginas, Ordóñez advierte que el alcalde distrital improvisó durante la implementación del nuevo esquema de recolección de basuras en Bogotá
El proceso al mandatario inició en el 2012 cuando en diciembre entró a funcionar el nuevo proceso de residuos en la capital, allí el caos y el mugre en la ciudad fue tal que el órgano de control inició una actuación preventiva
Posteriormente, el Ministerio Público, al ver la situación y el daño ambiental que se avecinaba, pues las calles estaban inundadas de basuras, determinó formularle cargos al alcalde
Pasaron los meses y pese a que el alcalde y su defensa trataron de demostrar que el mandatario no incurrió en ninguna falta disciplinaria, el fallo fue fulminante y como lo dice Petro, se trató de una cadena perpetua.
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