La destitución e inhabilidad por 15 años ordenada por la Procuraduría contra Gustavo Petro se mantiene en la encrucijada de tres escenarios jurídicos: el fallo mismo del ministerio público, la defensa internacional de derechos humanos y las tutelas al derecho a elegir y ser elegido.
En el primer escenario, el fallo de la Procuraduría sigue firme.Alejandro Ordóñez manifestó que la suspensión a la destitución de 15 años contra el alcalde de Bogotá, que ordenó una tutela aprobada por el magistrado José María Armenta, no tiene vida legal porque como el alcalde no se ha notificado no hay decisión a tutelar. Esto significa que el 29 de enero se notificará al presidente Juan Manuel Santos para que firme la decisión que sacaría a Petro del Palacio Liévano.
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“Acabo de solicitar al presidente del Tribunal de Cundinamarca que se proceda a la acumulación de tutelas para evitar el caos judicial”, comentó Ordóñez a Blu Radio. (Más información).
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En el segundo escenario, el fiscal Eduardo Montealegre dijo que “mientras en el país hay altas autoridades que quieren desconocer las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos, en la Fiscalía, por el contrario, estamos institucionalizando a nivel legal todo el discurso de protección de los derechos humanos que se ha consolidado en la jurisprudencia de ese sistema y de la Corte penal”.
El tercer escenario es la tutela que pidió el testimonio deEmilio Tapia, excontratista del Distrito que ha sido testigo en el proceso del ‘carrusel de la contratación’, sobre un supuesto complot en contra del alcalde Petro, entre muchas otras que han interpuesto cientos de ciudadanos afectos al mandatario de la capital.
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