Luego de conocerse que el Consejo de Estado levantó la destitución e inhabilidad por 18 años en su contra, la exsenadora Piedad Córdoba aseguró que en este momento lo más importante es recuperar su buen nombre y el de su familia.
“Solo sé que fueron 17 votos a favor y 6 en contra, el procurador dictaminó que yo era responsable de coadyuvar en la actividad de la insurgencia de las Farc (…) escogió como plena prueba unas copias del computador de alisa ‘Raúl Reyes’ y además agregó que yo era amiga del gobierno del presidente Hugo Chávez y que eso era suficiente para sacarme del escenario político”, dijo Córdoba.
“Ahora lo más importante es la recuperación de mi buen nombre y el de mi familia”, añadió la líder política.
Córdoba insistió que su trabajo siempre ha estado enfocado a buscar la paz y una salida dialogada al conflicto y que puso en juego su carrera política para poder lograr un avance, lo que según ella, se ve reflejado hoy en las mesas de conversación de La Habana.
“En mi caso particular del hecho de trabajar por la paz, de poner todo mi capital político para hablar de paz cuando era un delito (…) había que hablar con las Farc, hubo una serie de conversaciones epistolares de público conocimiento y eso logró la liberación de mucha gente que hoy nadie recuerda, ni siquiera lo agradecen, entre ellos políticos, políticas soldados y policías, no me arrepiento y lo volvería a hacer”, dijo Córdoba.
La política agregó que nunca dio recomendación alguna a las Farc sobre cómo manejar el tema de los secuestrados y señaló que nunca fue comandante de ese grupo guerrillero.
“Yo no tengo por qué hacerle recomendaciones a un ejército que no me necesita a mí para nada, yo no soy ni comandante ni nada de las Farc, soy una ciudadana común corriente del país”, dijo la exsenadora.
La explicación del Consejo de Estado
El presidente del Consejo de Estado, magistrado Danilo Rojas, explicó en BLU Radio las razones que llevaron al tribunal a tomar esa decisión.
“Hay dos partes que hay que distinguir en materia de prueba: unas son las que se obtuvieron en la Operación Fenix y otras son los testimonios y los recortes de prensa”, dijo.
Agregó que las primeras, que fueron tenidas en cuenta por la Procuraduría para tomar la decisión de inhabilitar a Córdoba, “no cumplían con los ritos constitucionales y legales relativos al debido proceso”.
“También se configuró que las otras pruebas existentes no daban para la configuración de esta sanción bajo los títulos de sanción y promoción de grupos armados al margen de la ley”, añadió.
Publicidad
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.