tiene que ver con el fraccionamiento ilegal de sociedades para obtener incentivos en créditos de fomento agrícola y no con una situación relacionada con la compra de tierras.
Para Vélez, el sentido de este fallo, que obliga compañía brasilera a la inmediata devolución de 2.076 millones de pesos, es el de “saber cuándo sí y cuándo no se pueden cruzar empresas con fines de negocio” y cuándo estos procedimientos se ajustan a la ley y no constituyen una “trampa” para las instituciones del Estado.
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El superintendente explicó que muy rápidamente se avanzó en esta investigación, demandada por FInagro, en la que se “hicieron peritazgos muy serios para buscar la implicación de estas sociedades (Tilava SAS, Monicol SAS y Agrocaxias SAS) y se encontró que se han utilizados de manera ilegal para obtener créditos de fomento”.
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