No tengo obligación, pero sí facultad para someter acuerdos a refrendación: Santos
Defendiendo el plebiscito en la Corte Constitucional, Santos argumentó que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
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El presidente de la República, Juan Manuel Santos, en su comparecencia ante la Corte Constitucional para ser escuchados todos los argumentos sobre la conveniencia y legalidad de someter los acuerdos de La Habana a refrendación popular, dijo que aunque no tiene obligación constitucional, sí debe de hacerlo para que sean los colombianos los que definan el futuro de la paz.
“Vengo como colombiano, que anhela vivir en una nación sin guerra y dejar un legado de paz a nuestros hijos (…), el ciudadano, el colombiano y el Presidente se hacen uno para pedir a esta Corte que declare exequible la Ley Estatutaria que regula el plebiscito sobre el acuerdo final de paz”, sentenció.
Santos recordó a la Corte que en 2014 el país votó mayoritariamente por su candidatura “para que llevara a feliz término el proceso de paz” que inició en su primer mandato. “El plebiscito no es nada diferente que regresar ante el pueblo que me eligió a preguntarle si considera que cumplí mis compromisos como su mandatario para lograr la paz”.
El primer mandatario explicó que el acuerdo de paz con las Farc significa el reconocimiento de esa guerrilla de las instituciones del Estado, la Constitución y las leyes, y que ese paso debe ser validado por el pueblo y su legítimo desde de paz, y que sea él quien decida “si seguimos avanzando por el camino que hemos recorrido”, y así se selle su legitimidad y reconocimiento de la comunidad internacional.
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La refrendación será el principio, será el Congreso de la República que dará desarrollo normativo para que lo acordado efectivamente se cumpla. El plebiscito es el mecanismo idóneo para que el pueblo colombiano determine con su voto si los acuerdos deben convertirse en una política de Estado, continuó.
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Santos aprovechó para hacerle frente a quienes “han intentado sembrar confusión” sobre el mecanismo para blindar jurídicamente los acuerdos, que “solo podrán implementarse luego de que el pueblo se haya pronunciado mediante el plebiscito”.
“La decisión de poner fin al conflicto armado para dar paso a la fase de construcción de la paz es, sin duda, la decisión política más importante que debo implementar como presidente”, aseguró.
Por su parte, el jefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, dijo que “quienes reclamaban la aplicación del Estatuto de Roma a la guerrilla, ahora se duelen de los elementos de carácter internacional que se han introducido en los acuerdos”.
Dijo que el plebiscito es una arquitectura armónica, garantista, ampliamente democrática.
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“Para los efectos del último eslabón, la refrendación popular, el Gobierno y el Congreso escogieron esta forma especial de Plebiscito (…) una multiforme utilería jurídica interna, que va desde la aprobación en el Congreso, hasta la revisión de esta Corte en ejercicio del control constitucional. Bastaría y sobraría con este cúmulo de garantías”, finalizó.