El Fondo del Pasivo Social Ferrocarriles de Colombia es una entidad que presta servicios de salud a los pensionados de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
La Contraloría General de la República entregó los resultados de una auditoría realizada al Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia para las vigencias 2016, 2017 y el primer semestre de 2018. El ente de control encontró numerosos hallazgos, pero el más curioso de todos tiene que ver con contratos fantasma para el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles que en realidad pudieron no haberse producido.
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La Contraloría asegura que la entidad recibió recursos por los cánones de arrendamiento, pero no pudo verificar la existencia material del arriendo. Una de las empresas arrendatarias que entregó recursos fue Odebrecht.
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En el periodo de análisis de la Contraloría por estas y otras irregularidades el presunto responsable fiscal fue Jaime Luis Lacouture Peñaloza, un cercano socio del exsenador Bernardo Miguel Elías, condenado a 6 años de cárcel y detenido en La Picota justamente por el escándalo de sobornos de la multinacional brasileña. Lo que podría explicar la relación.
Lacouture Peñaloza es un político conocido en la Guajira. De hecho, luego de salir del cargo en Ferocarriles de Colombia, en 2017, fue candidato al Senado por el Partido Conservador y tiene varias fotografías en las que se le ve compartiendo reuniones con líderes reconocidos del partido como su presidente Hernán Andrade.
En una publicación en Facebook del primero de febrero de este año está con el abogado Iván Cancino a quien considera como un “amigo”.
Las tablas de la Contraloría señalan que Odebrecht entregó a la entidad más de $74 millones en débito y más de $46 millones en crédito, con un saldo de más de 27 millones de pesos.
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“Durante la administración de Lacouture Peñaloza, el Fondo de Pasivo Social recibió ingresos por supuestos contratos de arrendamiento comercial, sin que se hubiese evidenciado el registro de los mismos en la cuenta contable de terrenos y sin evidencia física de la existencia de los mismos”, señala el documento.
La Contraloría también explicó que en 2016, 2017 y 2018 hubo una gran cantidad de contratos por prestación de servicios en la modalidad de contratación directa, además de irregularidades con títulos judiciales y un posible uso indebido de recursos del sistema de seguridad social en salud.
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